Zaldívar anuncia medidas para atender situación de mujeres en prisión
A una semana de su visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció cinco medidas acordadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para atender la situación que enfrentan las personas, principalmente las mujeres, en reclusión.
En primer lugar, el ministro informó que el Instituto de la Defensoría Pública Federal asumirá la defensa inmediata de 200 de 550 asuntos que se les plantearon cuando acudió a la prisión de Santa Martha.
"Por las características podemos lograr resultados favorables en beneficio de las mujeres. De estos 550 asuntos hay 25 de los cuales no tenemos ningún dato, salvo el número de la causa (penal)", indicó.
Precisó que no está incluido el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ya que no requiere de un defensor.
En conferencia de prensa, Zaldívar afirmó que del total de casos 25 en los que solo se conoce la causa penal, por lo que serán revisados a partir de este jueves por el personal del Instituto de la Defensoría Pública Federal para brindar el apoyo jurídico correspondiente.
El ministro señaló que se dará una defensa efectiva, inmediata y de calidad para 200 mujeres presas de Santa Martha, a partir de este jueves.
Asimismo, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que derivado de un criterio de la Primera Sala, que establece que a los dos años que pase una prisión preventiva esta tiene que ser revisada, se acordó que en todos los asuntos defendidos por abogados de las Defensoría Pública Federal promoverán incidentes para que se revise la prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de dos años en prisión.
Se buscará, dijo, hacer lo mismo en el caso de las mujeres de Santa Martha Acatitla.
"Tercera medida: He hablado con los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y vamos a emitir un acuerdo para concentrar en dos o tres juzgados de Distrito los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada, con la idea de que se puedan establecer las reglas, lineamientos que no son claros en la ley de qué elementos deben tomar los jueces para decretar esta medida".
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