Sin útiles ni vivienda estable, infancias triquis desplazadas viven hostil regreso a clases en Oaxaca
Innumerables niñas y niños desplazados regresaron a clases sin útiles, ni uniforme y mucho menos aprendizajes previos.
Mariana de Jesús y su hermano Adrián son dos de las decenas de infantes que huyeron de las balas hace casi dos años en Tierra Blanca Copala y que desde el 29 de agosto pasado, sin útiles escolares, ni uniformes y menos con aprendizajes previos, regresaron a clases.
En la misma condición se encuentran innumerables niñas y niños de Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, del municipio de San Esteban Atatlahuca, a quienes, en otro hecho de desplazamiento forzado, le quemaron sus casas. Libros, cuadernos, mochilas son cenizas.
“Ganas no les faltan de regresar a la escuela, pero también ocupan ropa, útiles, mochilas”, explica el padre de Mariana y Adrián, preocupado porque no tiene fuentes de ingreso.
Además, las familias viven en casas prestadas o rentadas por los vecinos de Yosoyuxi; por ejemplo, el padre de Marina y Adrián vive con otra familia de siete integrantes, desplazados igual que él.
Horacio Santiago, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), dice a EL UNIVERSAL que por esta situación 30% de los infantes desplazados no regresaron a clases: “Los niños y niñas no se han acoplado debido a que no tienen un lugar de permanencia definitiva, lo que implica que aún no acuerden sobre su asistencia a dichas escuelas”.
De acuerdo con José Luis Rangel, encargado de despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), 3% del alumnado del nivel básico del estado desertó durante la pandemia por causas distintas a la crisis sanitaria.
Las consecuencias de la diáspora
Horacio Santiago explica que la situación de cada familia es distinta. En el caso de Yosoyuxi, la mayoría de los infantes y adolescentes regresaron a clases.
En el caso de los menores refugiados en la Ciudad de México acuden de manera provisional a una institución que depende del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que “de manera voluntaria y solidaria” asiste a los menores.
En condiciones similares viven las y los infantes en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la ciudad de Tlaxiaco, donde cerca de 30 estudiantes desplazados de Ndoyonuyuji tuvieron que integrarse a la primaria y preescolar del Barrio de San Diego.
Desde mayo, EL UNIVERSAL dio a conocer la falta de documentación de los infantes desplazados, lo que obstaculizaba su asistencia a clases pese a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hechas al DIF.
“Las familias están en la expectativa de volver a casa lo antes posible. Al principio de esta ola de violencia decían que no iban a inscribir a sus hijos porque cuando regresaran a Tierra Blanca retomarían sus estudios; sin embargo, el abandono del Estado mexicano y la falta de interés de parte de la otra organización hizo que las víctimas de desplazamiento prolongaran su espera, lo que ha hecho que no tengan un lugar definido dónde reiniciar su vida”, explica Horacio Santiago, del MULTI.
Denuncia que el gobierno del estado no ha brindado ayuda humanitaria: “Prácticamente ellos están cubriendo todo por sus propios medios, lo que hace aún más difícil esta situación”.
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