Sin permisos ambientales, gobierno quitara ocho millones 736 mil árboles

Sin autorización de impacto ambiental, ni de cambio de suelo en terrenos forestales, han iniciado los trabajos en lo que será el nuevo trazo del megaproyecto Tren Maya en el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, trazo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tampoco ha hecho público oficialmente.

Organizaciones civiles informaron este martes que los trabajos para devastar la selva, en una zona del nuevo trazo, ya comenzaron, lo cual es atestiguado "con gran tristeza y rabia", pues se estima que serán devastados ocho millones 736 mil árboles, palmas y arbustos, a lo largo de 120 kilómetros de selva virgen entre Cancún y Tulum.

En entrevista, Guadalupe de la Rosa, representante de Moce Yax Cuxtal, explicó que el cálculo se realizó con base en un estudio hecho por el Jardín Botánico "Alfredo Barrera Marín" –para otros fines– que contabilizó que por cada 500 metros cuadrados de selva, existen 400 ejemplares arbóreos, palmas y arbustos.

"No se conformaron con los árboles que retiraron sobre el camellón central de la carretera federal. Ya comenzaron con maquinaria a derribar la selva y los árboles. Nosotros estuvimos en dos puntos y pudimos constatarlo. Pudimos escuchar cómo crujían, percibir el olor de la selva, nos preguntábamos cuántos animalitos afectados, porque van rapidísimo.

"Ayer fuimos a los puntos, uno está en la parte norte, por Residencial Marsella. El otro punto, en el sur, está por detrás de Río Secreto, hacia el Ejido de Playa del Carmen, que es donde está el grueso de ríos subterráneos. Ahí estaban con todo dándole a la máquina. Es muy indignante, porque todo esto es por el capricho del señor (Andrés Manuel López Obrador)", dijo.

Además de los árboles, habrá pérdida de servicios ambientales, fragmentación de ecosistemas, defaunación, aislamiento reproductivo e impactos al acuifero subterráneo, ya que por debajo de la región de Tulum corre la red de ríos subterráneos más grande del mundo y cavernas que alojan tesoros arqueológicos y paleontológicos únicos.

Organizaciones con trabajo en pro de la conservación y la educación ambiental en la Riviera Maya, denunciaron hoy que "sin permisos, ni programas de reubicación de árboles y fauna silvestre. Sin reconocimiento de árboles en peligro de extinción de la NOM 059. Ni estudios geofísicos e hidrológicos; sin consulta pública ni estudios socioeconómicos han estado entrando las máquinas a destruir la selva.

"Una selva en excelente estado de conservación, frágil, compleja, con todos sus elementos vivos y completos".

El inicio de los trabajos constituye –afirmaron– "toda una violación a la legislación ambiental y al Derecho al medio ambiente sano".

Ocurre que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), este tipo de obras debe ser evaluada por la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA), adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como promoventes de las obras, el Fonatur, la empresa ganadora de la licitación o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), deben obtener la autorización en materia de impacto ambiental y la autorización de cambio de suelo sobre terrenos forestales.

Para tramitar ambos permisos de carácter federal, debieron haber presentado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y un Estudio Técnico Justificativo (ETJ) sobre el proyecto o ambos en un trámite conjunto, que no han ingresado a la dependencia ambiental para ser evaluados.

El llamado "decretazo" de AMLO

El Fonatur se ampara en el Acuerdo emitido por López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre, que declara los proyectos federales como "de interés público y seguridad nacional".

Mediante ese acuerdo se instruye a las dependencias federales y entidades de la administración pública, a otorgar una autorización "provisional" para iniciar obras en lo que se obtiene el permiso definitivo.

Dicha autorización provisional debe ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la solicitud del permiso; si pasados los cinco días la autoridad competente no responde emitiendo la autorización provisional, se dará por hecho que la respuesta fue positiva y tendrá como vigencia un año, conforme a lo que establece el Acuerdo.

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Lo anterior significa que a partir de pedido el permiso, si la Semarnat no responde, el Fonatur puede dar por hecho que tiene autorización para iniciar las obras y desarrollarlas durante un año, mientras obtiene el permiso definitivo.

El problema es que si en ese lapso se determina que el proyecto es inviable ambientalmente o sus impactos irreversibles, será demasiado tarde, pues los trabajos habrán avanzado y se argumentará que la zona ya está impactada.

A nivel municipal, la interpretación de ese Acuerdo es totalmente arbitraria. Hay autoridades como la titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de Solidaridad, Teresita Flota Alcocer, que entienden que dicho Acuerdo "exenta" al proyecto Tren Maya de tramitar los permisos a que obliga la LGEEPA.

"Las obras del Tren Maya, por ser una obra prioritaria del gobierno federal, se tienen pre autorizadas, desde que nos enseñaron el trazo último, desde ahí se da una pre autorización para los trabajos, no solo en materia ambiental, sino en materia de subsuelo, no solo en la parte de suelo. Están exentos de la Manifestación Ambiental por ser de prioridad nacional", declaró hoy.

La funcionaria, quien dijo que en sesión de Cabildo se dieron las anuencias para el desmonte, en lo que compete a terrenos municipales, señaló que tiene que haber una reubicación de árboles que servirá para trasplantarse en el camellón federal, es decir, en donde fueron talados y retirados los primeros árboles para el trazo original que quedó cancelado.

"Ese trabajo lo vamos a hacer en coordinación. No tenemos un cálculo, ni el número exacto, porque conforme van avanzando los trabajos, vamos, obviamente, llevando a cabo esta coordinación", dijo.

Flota Alcocer añadió que la Sedena y la compañía que ganó la licitación pública para los trabajos, son los que están a cargo del Tramo 5 Norte y Sur y que el ayuntamiento solo les acompaña para verificar el desarrollo de los trabajos y la existencia de estudios.

Del nuevo trazo, en 58 kilómetros que competen a Playa del Carmen, manifestó que pasa por terrenos nacionales, privados, de particulares y posesionarios, localizados en algunas zonas que ya están impactadas o en la selva virgen, media baja.

Añadió que la ruta se trazó sobre lo que se tenía pensado como un periférico –que en realidad es un libramiento– y por fraccionamientos como Villas del Sol.

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