La Jefa de Gobierno hizo un llamado de preocupación ante el proyecto del ministro Luis María Aguilar
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado de preocupación ante el proyecto del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la prisión preventiva en el sistema judicial, y pidió que no se retire, pues sería un grave problema y aumentaría impunidad en delitos como la corrupción, pero que representaría, además, un problema para la seguridad de las familias e inclusive para la violencia feminicida.
Al presentar los avances interinstitucionales contra la violencia de género en la ciudad, la mandataria capitalina comentó que muchas veces es a criterio del juez de control la definición de la prisión preventiva oficiosa, pero que si esta se elimina “representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad”.
“Estoy convencida, entonces a quien está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no en la Suprema Corte [de Justicia de la Nación], hacerle saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir”, dijo.
Claudia Sheinbaum aseguró que esto podría ser la puerta para mayor impunidad y riesgo, para mujeres y el resto de los habitantes de la ciudad.
Proyecto para declarar inconstitucional la prisión preventiva
El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En su proyecto de sentencia, el ministro ponente deja abierto a que sean los jueces quienes determinen si el caso amerita la prisión preventiva oficiosa, para delitos como contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con comprobantes fiscales.
Aguilar Morales refiere en su proyecto de sentencia que pasara al pleno para su discusión, que la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, pero que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia.
