Las irregularidades de este tipo han sido reportadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación
El diputado Jesús Fernando García Hernández, del PT, propuso en en la Cámara de Diputados una iniciativa para que las dependencias y entidades estén facultadas y obligadas, durante el término del plazo de garantía establecido, a revisar las obras públicas que se reciban como ejecutadas. La iniciativa resalta que las “simulaciones, mala calidad y obras inconclusas le cuestan caro al erario público. Se trata de situaciones que tienen en parte origen por el supuesto de haberse concursado previo pago de gratificaciones a cambio de ser adjudicados los contratos, lo que constituye un proceso viciado desde el principio, que por sus características dificulta investigaciones y el deslinde de las responsabilidades a que haya lugar”.
La reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, destaca que, entre otras causales para que ocurran este tipo de situaciones, está que los plazos de ejecución acordados no responden a lo previsto, no se atiende a particularidades como la complejidad de algunas obras, además de que habría que sumar la falta de una supervisión correcta y oportuna de las mismas.
La modificación al artículo 66 de dicha ley, remitida a las comisiones de Infraestructura, para dictamen, y de Transparencia y Anticorrupción, para opinión, precisa que los trabajos concluidos se garantizarán durante un plazo de sesenta meses.
Argumenta que la facultad irrestricta de las dependencias y entidades contratantes de obra pública para realizar la revisión que corresponda a los proyectos ejecutados, dentro de un plazo ampliado, “se constituye en un mecanismo para enfrentar la comisión de fraudes en perjuicio del erario público y otras afectaciones a la sociedad”.Refiere que “las obras simuladas, inconclusas y hasta defectuosas en su construcción, las cuales se reciben como debidamente ejecutadas bajo el argumento de que se ha cumplido con lo estipulado en los contratos respectivos, constituyen hechos ilegales que significan un riesgo para las finanzas públicas, y representan un peligro para usuarios y una irregular situación que afecta a los proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo regional y nacional”.
Detalló que las irregularidades de este tipo han sido reportadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación, al documentarse, entre otros hechos: licitaciones sin el cumplimiento de la normativa correspondiente, así como obras no realizadas o ejecutadas con mala calidad por las cuales se han cubierto pagos.
Por ello, se estima necesario que el procedimiento se traduzca en buenas prácticas e implique la colaboración de los agentes responsables de las iniciativas y medidas de lucha contra situaciones y hechos de corrupción.
