Las Juntas Locales de Conciliación se mantendrán vigentes hasta el 3 de octubre.
A solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Cámara de Diputados aprobó ayer aplazar por cinco meses la tercera etapa de implementación de la reforma laboral con la cual iniciarán funciones los centros de conciliación y los tribunales laborales en 11 entidades y, de manera paulatina, desaparecerán las juntas de conciliación. El vencimiento de la transición está estipulado para el 1 de mayo de este año, la prórroga lo amplía hasta el 3 de octubre.
Presupuesto. El retraso se debe a “problemáticas asociadas a calendarios presupuestales, así como de obra y equipamiento para habilitar la infraestructura” de las nuevas instituciones, argumentó la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) ante el pleno de la Cámara Baja. El aplazamiento para el inicio de las operaciones de las nuevas autoridades laborales es para 11 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Este grupo comprende los estados de mayor conflictividad laboral, de acuerdo con el dictamen. Además, se incluye una prórroga al funcionamiento de las instituciones locales en Baja California, Baja California Sur y Guerrero. Por 447 votos a favor y 16 en contra, el pleno modificó el artículo Quinto transitorio de la reforma laboral, el cual indica el plazo máximo de tres años para la última fase, es decir, el 1 de mayo de 2022. El proyecto pasó a su revisión al Senado. En 2019, el Congreso reformó el modelo de justicia para el mundo del trabajo. Desde hacía un siglo los conflictos eran del ejecutivo.
