Ante la iniciativa para sancionar con prisión a quien realice terapias de conversión, la Alianza Ministerial Evangélica en Saltillo (AMES) manifestó su desacuerdo y propuso mesas de discusión para presentar casos de éxito, información y experiencia que se ha tenido.
“Como Alianza Ministerial Evangélica en Saltillo es nuestra convicción que todo ser humano en uso de sus libertades constitucionales debe seguir teniendo la libertad y el derecho pleno a recibir toda la información disponible para que pueda tomar las decisiones para su vida.
“No estamos de acuerdo con dicha propuesta ya que en todo caso el Estado debe de garantizar el respeto del Derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y de la libertad para elegir su modo de vida” señalan en un comunicado las Iglesias Cristianas que abarca esta Alianza.
Ante esto solicitaron al Congreso estatal que antes de proceder al análisis y votación de la iniciativa se constituyan foros abiertos de discusión del tema.
Esto con el fin de aportar experiencia, información y evidencia de múltiples casos exitosos de personas que encontraron la ayuda precisa que les ha permitido tener una vida plena en uso a su derecho al libre desarrollo de su personalidad.
Como se recordará el pasado miércoles 23 de noviembre de 2022, la diputada Martha Loera Arámbula presentó una iniciativa con proyecto de decreto para sancionar con penas de 2 y hasta 12 años de prisión a la persona que financie o imparta cualquier tipo de tratamiento terapia o servicio que obstaculice la orientación sexual de una persona (terapias de conversión en materia de preferencias sexuales).
La AMES en un comunicado subraya que para ellos esto claramente va en contra de la predicación que como Iglesia les corresponde en contra de los pecados sexuales.
Señalan que dicha iniciativa propone crear nuevos delitos por conductas cometidas en contra de personas de la comunidad LGBTTTIQ+., con penas de prisión mucho más altas que las que actualmente se tienen consideradas por delitos cometidos en contra de personas heterosexuales, “llevándonos a ser considerados ciudadanos de segunda”.
Indicó que con esto se está dando un trato preferencial y de mayor protección legal a las personas LGBTTTIQ+, por encima de lo que las leyes protegen a las personas heterosexuales.
