Ofrecen disculpa por muerte de indígenas Teenek a manos de policías de Nuevo León

Actualmente están presos Isaí Gallegos Ruiz y César Astudillo Aguilar sentenciados a siete y 15 años de cárcel.

“Yo quedé lesionado de mis pies, no puedo hacer ninguna fuerza; no puedo trabajar, es por eso que yo le pido aquí al Secretario de Seguridad Pública que cumpla con lo que se ha prometido”, expuso Venancio Santiago Margarito y agregó , “todos tenemos los mismos derechos porque aquí todos somos seres humanos, no importa que seamos blancos, negros, como seamos, y no tenemos por qué quitarle la vida a otra persona porque nosotros no somos dueños de esa vida”, enfatizó.

El titular de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, señaló al ofrecer las disculpas públicas que es  compromiso y obligación de dicha institución, desarrollar la función de
Seguridad Pública bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, conectividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, que son principios de la actuación de la Policía Estatal de Fuerza Civil  y en este caso concreto “advertimos que los policías de Fuerza Civil faltaron a su cumplimiento”. 

El acto que se llevó a cabo en el Museo de Historia Mexicana, fue resultado de la recomendación 002/2021 emitida el siete de mayo de 2021 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a raíz de un incidente registrado el 26 de septiembre de 2020, cuando un grupo de  cinco albañiles tenían una convivencia después de terminar su jornada de trabajo, en una finca en construcción  localizada en la colonia Valle de los Cristales, por la carretera a Santiago, Nuevo León.

Hubo violaciones graves a los derechos humanos: CEDH

La CEDH señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por violaciones graves a los derechos humanos por ejecución extrajudicial, uso excesivo de la fuerza pública, actos de tortura y detención ilegal y arbitraria en agravio de cinco personas indígenas.

Los derechos humanos vulnerados fueron el derecho a la vida, por ejecución extrajudicial, arbitraria y sumaria en perjuicio de Claudio Francisco Martínez y Gregorio Santiago Margarito; en perjuicio de las víctimas mortales y los otros tres indígenas que resultaron heridos, hubo violaciones al derecho a la libertad y seguridad personales, por detención
ilegal y detención arbitraria, a la integridad personal por uso desproporcionado, indebido y excesivo de la fuerza pública y actos de tortura, violaciones al debido proceso, por indebida procuración de justicia, al haberse alterado la escena del crimen.

Cuatro de las víctimas con excepción de uno, laboraban como guías de turistas en el Sótano de las Golondrinas,  en Aquismón, San Luis Potosí, y habían venido a Monterrey unos días antes  para trabajar en la industria de la construcción, al escasear en su comunidad la presencia de visitantes debido a la pandemia de covid-19.

El 25 de septiembre, al concluir su jornada laboral, los albañiles decidieron realizar una convivencia en la finca donde el dueño les permitía alojarse, y en la madrugada del día siguiente Claudio Francisco y Gregorio Santiago salieron del terreno en el momento que circulaba una patrulla policiaca con dos oficiales a bordo, quienes al ver a los trabajadores disminuyeron la velocidad, y según los policías uno de los albañiles los insultó por lo cual los abordaron, forcejearon con ellos y los detuvieron.

Los otros tres indígenas al escuchar los gritos de sus compañeros pidiendo ayuda salieron de la finca y observaron que los policías los tenían sometidos amarrados por la espalda mientras los golpeaban. 

Cuando les pidieron que dejaran de golpearlos los policías se fueron sobre ellos para agredirlos y uno de los oficiales les disparó con un arma de fuego. A raíz de la agresión Claudio Francisco y Gregorio Santiago, murieron de forma inmediata por impactos de bala que recibieron mientras estaban atados de manos por la espalda y eran golpeados;  otros dos de sus compañeros fueron heridos con dos y cuatro  impactos de bala, respectivamente y el tercero sufrió lesiones por golpes en un ojo.

Posterior a la agresión, los policías omitieron solicitar, de manera inmediata, la atención médica para los heridos, los detuvieron de manera ilegal y arbitraria y demoraron ocho horas en poner a disposición del Ministerio Público al trabajador que salió lesionado de un ojo, mientras a los dos heridos de bala los llevaron al Hospital Universitario con custodia policial en calidad de detenidos.

Asimismo, según la información recabada por la CEDH, posterior a los hechos alrededor de diez elementos de Fuerza Civil ingresaron al terreno por un agujero de una malla a fin de investigar y al salir reportaron que no había “novedad” y momentos después personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado localizaron dos armas en el suelo, ante lo cual se desprende que los efectivos de Fuerza Civil manipularon la escena del crimen a fin de obstaculizaron el esclarecimiento de los hechos y encauzar la responsabilidad hacia las víctimas.