Exige sea revisada dicha resolución, así como no tener ningún obstáculo para la continuidad del proceso.
Una vez que se dio a conocer ayer que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quedó libre por el caso de la compraventa irregular de Agronitrogenados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se amparó contra la decisión del juez que retiró la prisión preventiva.
En un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta instancia recordó que un tribunal unitario resolvió retirar la medida cautelar de prisión preventiva dictada anteriormente contra el exfuncionario, sujeto a proceso por dicho caso.
Revisada. “Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de parte ofendida en el proceso penal, presentó el pasado viernes 21 de enero una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de dicha resolución y solicitó la suspensión de sus efectos a fin de evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos”, informó. La UIF subrayó que el imputado no alcanza la liberación por la resolución aludida, toda vez que se encuentra sujeto a prisión preventiva por una causa distinta.
Compró. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Lozoya Austin compró Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) por un monto de 275 millones de dólares. Por esa misma transacción Ancira Elizondo ha sido señalado y para evitar ir a prisión acordó con el gobierno federal pagar 216 millones de dólares para reparar el daño causado por la venta de la planta.
Soborno. Lozoya también está implicado en la investigación por los casos de sobornos por parte de Odebrecht. Lozoya Austin, de 45 años, fue director de Pemex de 2012 a 2016, periodo en el que la constructora brasileña Odebrecht obtuvo contratos con el gobierno del presidente Peña Nieto. El exfuncionario enfrenta dos acusaciones por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. Además, es investigado por la compra irregular de una compañía de fertilizantes, la cual fue adquirida con sobreprecio. durante el sexenio anterior.
Inhabilitación. La primera investigación contra Lozoya, por parte de la Secretaría de la Función Pública, concluyó en 2019 con su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. Se comprobó que el exfuncionario poseía varias cuentas bancarias con "saldos de cientos de miles de pesos" que omitió en su declaración patrimonial. Él asegura que eran cuentas de familiares.
Extradición. Fue detenido por las autoridades españolas en Málaga, en el sur de España, donde podría haber luchado en los tribunales para evitar su extradición.
Sin embargo, aceptó ser llevado a México incluso renunciando al derecho de no ser acusado por otros delitos diferentes a la petición de extradición. López Obrador señaló que Lozoya "al parecer presentará pruebas" sobre actos de corrupción de legisladores durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018). Entre los posibles señalamientos estarían sobornos a congresistas que aprobaron la reforma energética de 2013.
