En redes sociales se han estado externando distintas inconformidades de los propietarios de autos.
Actualmente en Piedras Negras, una enorme cantidad de vehículos irregulares, de procedencia extranjera, se han estado nacionalizando, gracias al decreto que expidió el gobierno federal, donde con una cuota total de aproximadamente 5,500 pesos, la unidad pasaría a ser mexicana; en esta frontera el modulo del Registro Público Vehicular (REPUVE), tiene poco de haber comenzado a trabajar, donde se ha reportado un desabasto de citas, e inclusive se está verificando un posible segundo módulo, para que se logre realizar la mayor cantidad de importaciones.
REPUVE. Sin embargo, a través de las redes sociales se han estado externando distintas inconformidades ya que varios automóviles no cumplen con los requisitos que se requieren y como claramente lo solicita el decreto; la situación es que las inconformidades no van directamente al REPUVE, si no a las personas físicas, que buscaron hacer negocio con dicho aprovechamiento, y al momento de regularizar el vehículo, no se pudo. Y es que, al momento de dar de alta el vehículo, buscar una cita, que es meramente por internet, más del 40% de personas que buscan legalizar su vehículo son adultos mayores que no tienen acceso a una computadora o bien, desconocen del registro y se optó por pagar a un tercero quien realizara lo propio, la cuestión es que dichos terceros, aseguraban que la unidad se haría mexicana. Prueba de ello, las denuncias públicas principalmente en redes sociales, pero las mismas no han trascendido de manera formal, puesto que la Fiscalía General del Estado en la delegación norte l, no cuenta con denuncias de dicho índole, pero están abiertas a recibirlas; el coordinador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espinoza Erguía, informo lo anterior en una entrevistas: "Bueno, hasta el momento no tenemos denuncias o querellas, pero si avisáramos el hecho que probablemente algunas instituciones, o bueno dependencias hayan empadronado gente, sin cubrir los requisitos que hayan requiriendo el decreto y la dependencia oficial para tramitar el procedimiento, estamos en espera y abiertos a recibir cualquier afectación a particulares o ciudadanos". Personas físicas cobraban 2 mil pesos por integración de papelería y sacar la cita. El funcionario estatal, dio a conocer que en caso de que se llegara a formalizar alguna denuncia, se estaría incurriendo en el delito de estafa, el afectado pudiera mostrar los elementos correspondientes y existirían pruebas contundentes, así como elementos normativos.
