Como hace meses no se vivía, México cerró la semana pasada con una ola de violencia imparable. Guanajuato, Jalisco, Chihuahua e incluso Baja California, donde históricamente no se registraban hechos de este tipo, fueron el escenario.
En distintas ciudades, los cuatro estados registraron bloqueos, quema de comercios como tiendas Oxxo y sustracción de vehículos para también incendiarles.
Lo tristemente característico de estos eventos es que, como en los otroras tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, buena parte del blanco de los criminales fueron civiles, incluyendo familias enteras y el muy lamentable caso de una menor que perdió la vida mientras realizaba sus compras.
Al respecto, las autoridades atribuyeron la ola violenta a la detención de líderes criminales o cabecillas de bandas de la delincuencia organizada, especialmente del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Y en ese tono, tanto desde el ámbito local como del federal, enviaron un contundente mensaje a los criminales, advirtiendo que no se permitiría su avance, amedrentamiento ni mucho menos el irse contra la población civil.
Si bien este argumento que buscan apuntalar como sólido contra la delincuencia y la detención de algunos de los presuntos autores de los hechos, puede representar una respuesta de las autoridades, más allá de la caída de los responsables, un país harto de la violencia exige atender las causas de ésta.
Desde distintos frentes, los señalamientos apuntan a la Federación y a su discurso endeble contra el crimen organizado, pero también es necesario voltear hacia los municipios, que son el primer respondiente hacia la ciudadanía.
Es cierto que los recursos federales han disminuido considerablemente para ciertas entidades, pero también lo es el hecho de que algunas corporaciones municipales y estatales siguen siendo líderes en indicadores de corrupción.
Cabe recordar que tan solo este año 2022 y de acuerdo con México Evalúa, mientras el presupuesto para la Guardia Nacional fue de 62.8 mil millones de pesos, un incremento de 70% (26 mmdp) frente a lo aprobado para 2021, las transferencias federales destinadas a la seguridad pública local se quedaron sin apenas un cambio con respecto a 2021: 8 mmdp, monto 63% inferior (13.6 mmdp) frente al máximo de la última década, alcanzado en 2016.
Y vale puntualizar también que estos recursos federales para estados y municipios no se etiquetan exclusivamente para el fortalecimiento de las corporaciones locales, sino también para ejecutar programas de proximidad o de prevención.
En cuanto a lo que compete únicamente a lo federal, la estrategia, por supuesto, no se ha reducido únicamente al “abrazos, no balazos”, pero el querer defenderla a capa y espada sin una ventana de oportunidad o crítica responsable, ya raya en lo absurdo.
Tan solo del 1 al 12 de agosto, unos promedios de 75 personas han sido asesinadas diariamente en México, perfilando un mes que acumula 901 víctimas de homicidio doloso, según el reporte diario del gabinete de seguridad federal.
Si estos datos y una población con más sentimiento de vulnerabilidad que de protección, no sirven para cambiar “los otros datos”, es tiempo de pensar en el futuro y como dijo la alcaldesa de Tijuana, cobrar la factura a quienes no la pagaron, pero a los verdaderos responsables.
