La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y el Senado, ha abierto un debate que México no desconoce, pero que no se ha logrado concluir ni en lo legislativo ni en lo práctico: la militarización de la seguridad pública.
Tal reforma, transfiere a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Esto, en medio del rechazo de legisladores de oposición que acusaron una violación a los principios constitucionales.
De acuerdo con Lisa María Sánchez Ortega, de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), en datos recogidos para El Financiero, la militarización ocurre cuando:
Se hace un llamado a la participación y la injerencia del Ejército en tareas de seguridad pública, ya sea en apoyo a las policías o de forma autónoma.
Hay nombramiento de oficiales militares en puestos de la seguridad pública.
Los gobiernos civiles, de izquierda o derecha, llaman a los militares a intervenir en asuntos que les son ajenos.
Sánchez Ortega agrega en su análisis titulado “La militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales”, que los militares en los cuerpos policiacos han sido justificados bajo premisas como que
Vuelven más eficiente el gasto público porque en ausencia de conflicto exterior, el mantenimiento de las Fuerzas Armadas se encarece si sus capacidades no son utilizadas para la atención de otras amenazas de carácter interno.
Su intervención es tácticamente necesaria para nivelar las condiciones en las que el Estado participa de la lucha contra el crimen organizado.
Su incorporación es una evolución lógica de la política de seguridad dada la complejidad de los fenómenos y el carácter multidimensional de las amenazas.
La militarización es instrumental en la recuperación del control territorial en áreas donde el Estado está perdiendo soberanía frente a actores criminales.
Durante el gobierno de AMLO, en 2019 apareció la Guardia Nacional, con elementos militares que salieron a las calles con el objetivo de apoyar a las autoridades estatales y municipales en tareas de seguridad pública. Aunque sus elementos son militares, no eran dirigidos por la Sedena, sino por la Federación.
Fue en 2020 cuando se publicó un acuerdo donde se dispone que las fuerzas armadas de manera permanente lleven a cabo tareas se seguridad pública, esto hasta el 27 de marzo del 2024.
En su conferencia de prensa del pasado viernes, López Obrador celebró el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, aunque él había prometido que sería un cuerpo civil.
Con argumentos como que sus opositores ahora usan bandera de “paladines de la justicia y defensores de los derechos humanos”, cuando en realidad son “unos reverendos farsantes”, López Obrador dijo que la reforma permitirá que con la Guardia Nacional “no se caiga en el mismo error que se padeció con la Policía Federal, que se pudrió”.
Estas solas frases del presidente, tienen por demás puntos a analizarse. Pero si el argumento más sólido es asegurar el camino recto, tal vez el punto debería ser evaluar escenarios y condiciones. Además de aceptar que aunque vengan de opositores, los derechos humanos siempre son un factor de peso. Y a la misma historia podemos remitirnos. ¿O usted qué opina?
