Pobladores de San Pedro Chimaltepec, agencia del municipio de San Juan Mazatlán Mixe, en la región del Istmo de Tehuantepec, denunciaron persecución religiosa y encarcelamiento de tres personas, quienes por profesar una religión distinta se negaron a participar en una mayordomía en la comunidad.
En inmediaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Cipriano Maldonado, pastor evangélico del Centro Misionero Emanuel, denunció ante medios de comunicación que los integrantes de su iglesia están siendo señalados y perseguidos, mientras que tres de ellos fueron encarcelados de manera injusta.
Se trata, dijo, de tres hermanos de fe, Bonifacio y Donato Martínez Sánchez, así como Gerino Martínez, quienes fueron privados de su libertad y llevados a la cárcel del pueblo desde ayer, acusados de no querer pagar la mayordomía de la comunidad.
Estos atropellos, argumentaron los pobladores, son tolerados por el presidente municipal, Sósimo Victorino Márquez y el agente municipal, Demetrio Isidro Jiménez, quienes son señalados por haber permitido el encarcelamiento de los pobladores, así como de otra persona de nombre Ruperto Domínguez Teodoro, quien también fue apresado en noviembre pasado y quien finalmente fue expulsado de la comunidad, junto con su esposa e hijos.
"Ellos no han cometido ningún delito, fueron encarcelados por no pagar la mayordomía el pasado 18 de diciembre", indicó el pastor al respecto. Ante ello pidió la intervención de las autoridades, así como de Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría, para que intervenga y los tres hombres sean puestos en libertad.
De los hechos, dijo, tiene conocimiento la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la DDHPO; sin embargo, hasta el momento no han intervenido.
Asimismo, los pobladores evangélicos de San Pedro Chimaltepec denunciaron el cierre y saqueo de su templo.
En 2017, el Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal que incluyen la discriminación religiosa y a las discapacidades en el tipo penal de delitos contra la dignidad de las personas que se castiga con tres años de prisión.
Pese a la legislación, los casos de discriminación religiosa, continúan sucediendo en Oaxaca.
