Santiago Creel señaló que si existe un territorio del país que esté controlado por el crimen organizado.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, le contestó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que la violencia generada por el crimen organizado es obligación de las Fuerzas Armadas combatirlo, por el reclamo que el funcionario federal les hizo a los gobernadores de la oposición por solicitar apoyo de la Guardia Nacional.
“Lo hace con mentiras el secretario de Gobernación, porque los gobernadores piden la presencia de las Fuerzas Armadas, con toda razón, porque quienes alteran fundamentalmente el orden y generan la violencia en sus estados, son los grupos del crimen organizado, a cargo de las Fuerzas federales, y particularmente de las Fuerzas Armadas”, comentó en conferencia de prensa.
Adán Augusto López, ayer, señaló que los gobernadores de Nuevo león, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco pidieron el apoyo de la Guardia Nacional para combatir la inseguridad es sus entidades, pero “no son capaces de actuar con generosidad y apoyar” la reforma al Artículo Quinto Transitorio de la Constitución.
Santiago Creel señaló que si existe un territorio del país que esté controlado por el crimen organizado, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas combatirlo, porque es un asunto de seguridad interior, y no de seguridad pública, como quiere hacer creer el secretario de Gobernación, y que, por lo tanto, no les toca a las policías estatales asumir su combate.
“Eso, señor secretario de Gobernación, sepa distinguir, eso no es seguridad pública, lo que sucedió en Ayotzinapa, sépalo usted, no es seguridad pública, es un asunto de seguridad interior, porque se llevó a cabo a través de grupos del crimen organizado en connivencia con las autoridades”, refirió.
El presidente de la Mesa Directiva llamó al funcionario federal a no “decir mentiras, no engañen a la opinión pública”.
Señaló que la prórroga va en contra de las interpretaciones que estableció la Suprema Corte de Justicia, de la interpretación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, está violentando la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
“Que nadie se sorprenda cuando vengan las responsabilidades de orden internacional por la violación de los tratados, cuando vengan las sentencias y las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como vino en el caso Radilla, en el caso de Álvaro Espinoza”, detalló.
