Fue un 26 de septiembre de 2014 cuando una trágica noticia sacudió al país completo: en la ciudad de Iguala se registró un sanguinario ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, dejando al menos nueve de ellos asesinados, 43 “desaparecidos” y veintisiete heridos. Este acto, perpetrado presuntamente por las policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco, además de elementos del Ejército Mexicano, manchó de sangre a Guerrero marcando una de las fechas más negras en la historia del país equiparable a la matanza de Tlatelolco en el 68, y que generó indignación nacional y movimientos tanto estudiantiles como civiles para exigir el esclarecimiento de los hechos con pocos o nulos resultados hasta la fecha.
Sin embargo y en un acto que ahora se ve como proselitista, el 26 septiembre de 2018 el recién electo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aprovechó la conmemoración de los hechos para reunirse con los padres y familiares de las víctimas prometiéndoles lo que durante cuatro años habían estado pidiendo a gritos: el esclarecimiento de las circunstancias, asegurándoles que "vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”. Y agregó: "Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo". Hoy, cuatro años después de esa reunión y a ocho de la tragedia, el gobierno de AMLO no ha hecho sino hacer dudar más sobre el paradero de los responsables.
Si bien el pasado 18 de agosto el gobierno presentó el Informe Ayotzinapa, el cual tiene como objetivo “romper con el pacto de silencio entre los perpetradores de la violencia y desaparición de los estudiantes para obtener información que permita conocer la verdad de los hechos”, la realidad es que un mes después de hacerlo público, la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, órdenes que casualmente involucraban a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco y al juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, todo esto según una investigación del diario “El País”.
Y por si todo lo anterior fuera poco, el día de ayer, el fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), renunció a su cargo aparentemente por los roces que tuvo con Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República, quien presumiblemente desplazó a Gómez Trejo para entorpecer la investigación después de la detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República y proceder a la cancelación de las citadas órdenes de aprehensión.
Tras todo esto, la postura de AMLO fue ponerse del lado de Gertz y la FGR, argumentando que esas órdenes no se retomarán debido a que no están integradas en el Informe Ayotzinapa y minimizando además la salida de Omar Gómez diciendo que “se tuvieron diferencias y se respetan todos los puntos de vista”. Añadiendo además que sus enemigos están detrás de su ya acostumbrada malinformación de los medios con datos que no le cuadran diciendo: “Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los pseudo defensores de derechos humanos partidarios del conservadurismo, que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante sin limitaciones y presiones”... No hay qué ser, presi, no hay qué ser.
