Condenan ataque armado donde un niño fue herido en Chiapas
“Desde Redias expresamos nuestra preocupación por el uso de armas de fuego para dirimir conflictos".
De enero a septiembre de este año, siete infantes y adolescentes han fallecido y dos más han resultado heridos por ataques de armas de fuego en comunidades indígenas, dio a conocer la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescentes en Chiapas (Redias).
En un comunicado, la organización condenó la agresión de un niño de unos cuatro años de edad, por parte de indígenas tzeltales armados al término de una asamblea que convocó el Concejo Municipal de Oxchuc, el miércoles por la tarde.
“Desde Redias expresamos nuestra preocupación por el uso de armas de fuego para dirimir conflictos; práctica que se está tornando cotidiana en Los Altos de Chiapas y que tiene graves impactos en la vida de niños, niños y adolescentes”, dice el escrito.
Cita que, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año, siete infantes y adolescentes han perdido la vida y dos más han resultado heridos en Chiapas por ataques armados.
“Esta situación se agrava en comunidades de Los Altos de Chiapas”, asegura la organización que vela por los derechos de los niños. “Como botón de muestra, durante los primeros nueve meses del 2022, se han registrado mil 999 ataques armados a comunidades de Aldama, lo que equivale a más de cien agresiones armadas por mes”.
Da a conocer que entre septiembre y octubre se registraron hostilidades armadas en la comunidad Santa Martha, del municipio de Chenalhó, “donde perdieron la vida al menos tres adolescentes de 12, 14 y 16 años de edad, de acuerdo a la documentación de la organización Melel Xojobal.
Las hostilidades armadas que se registran en las comunidades de Los Altos de Chiapas, “ha trastocado la vida de niños, niños y adolescentes en la región, afectando su derecho a la protección, al desarrollo integral, a la educación, alimentación, y salud, entre otros”.
La organización pide al Estado mexicano velar y garantizar la vida de los derechos de los niños y adolescentes en sus comunidades de origen. “Del mismo modo exigimos una exhaustiva investigación de los hechos, así como el desarme de personas y grupos que violentan el derecho de las infancias a vivir en paz”, pide.
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