Capturado el presunto asesino del líder indígena peruano Arbildo Meléndez
El Gobierno peruano puso en marcha un protocolo especial para mejorar la protección a los defensores de los derechos humanos y del medioambiente.
Lima.- La guardia indígena del pueblo nativo kakataibo, de Perú, capturó al asesino de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, ejecutado en abril de 2020 por oponerse a la invasión del narcotráfico y la tala ilegal dentro de su territorio, según informó el Ministerio del Interior este jueves.
Fueron los propios indígenas kakataibo de la comunidad nativa de Santa Marta quienes el 10 de enero dieron con el paradero de Rabel Ibarra, sobre el que pesaba una orden de captura, y al día siguiente lo entregaron a la comisaría de la Policía Nacional en el municipio de Codo del Pozuzo, de la céntrica región de Huánuco.
Ibarra había sido arrestado inicialmente en el momento de los hechos tras confesar ser el asesino material de Meléndez, pero el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca lo dejó en libertad a los pocos días al considerar que no existía riesgo de fuga.
La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) explicó en un comunicado que la detención de Ibarra se produjo después de que agrediera a un miembro de la comunidad de 65 años al que le causó "grandes cortes en su rostro".
La Fenacoka solicitó a la Justicia peruana procesar y condenar a Ibarra "por respeto por Arbildo Meléndez, quien dejó a 4 menores que hoy están en abandono, sin que hasta el momento haya Justicia".
El asesinato de Meléndez fue el inicio de una serie de crímenes contra líderes indígenas y defensores ambientales que se oponen al ingreso a sus territorios de invasores que buscan cultivar coca, la materia prima para elaborar la cocaína, o también realizar tala ilegal de especies de alto valor.
Desde entonces, ya son al menos cuatro kakataibos y otros cuatro asháninkas los que han sido asesinados a manos del narcotráfico solo en la selva central, especialmente en la zona que comparten las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali, un área donde han proliferado mucho los cultivos de coca en los últimos años.
Por estos asesinatos, incluidos el de Meléndez, cinco relatores especiales de las Naciones Unidas, entre ellos los especialistas en defensores de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas, exigieron el año pasado al Estado peruano poner énfasis en investigar cada caso y sancionar a los culpables.
Así, el Gobierno peruano puso en marcha un protocolo especial para mejorar la protección a los defensores de los derechos humanos y del medioambiente, y sobre todo para acelerar la reacción de las autoridades en investigar y garantizar la seguridad de los indígenas amenazados.
En el caso de Meléndez, este trabajaba para lograr la titulación de los territorios de la comunidad de Unipacuyacu pero, pese a que su área está reconocida desde 1995, no hubo respuesta positiva del Gobierno regional de Huánuco ni de la Dirección Regional de Agricultura.
Frente al esfuerzo por completar un engorroso proceso burocrático, Meléndez recibía hostigamientos y amenazas de invasores y presuntos traficantes de tierras a los que denunció sin que las autoridades promovieran un desalojo.
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