Podría ser inhabilitado por hasta 20 años e incluso enfrentar una pena de ocho años de cárcel.
Gustavo García Arias, quien fungió como director ejecutivo jurídico en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando Víctor Hugo Romo se encontraba al frente de la misma, podría ser inhabilitado por hasta 20 años e incluso enfrentar una pena de ocho años de cárcel.
Lo anterior después de que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México determinara que el exservidor público actuó de manera ilegal y con un acreditado conflicto de interés en un acto que le dejaría un beneficio económico.
De acuerdo con las autoridades, cuando García Arias todavía no era funcionario, compró un departamento en Lago Zurich 243, en la colonia Ampliación Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Meses después de la adquisición, junto con otros residentes se organizó para demandar a la empresa Grupo Lar con el supuesto de que los departamentos presentaban defectos.
Los inconformes solicitaban un reembolso de 540 millones de pesos, pero un juez consideró que la acusación no era procedente y perdieron el litigio.
En 2018 y tras la llega de Víctor Hugo Romo como alcalde en Miguel Hidalgo, Gustavo Arias fue nombrado director ejecutivo jurídico de la demarcación, cargo que habría aprovechado para realizar diversas acciones en contra de la constructora:
Lo primero fue ordenar, mediante un oficio, la suspensión de la obra de Lago Zurich 243, además de que pidió la revocación de la manifestación de construcción para la empresa.
Ante ello la inmobiliaria solicitó al entonces director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Hegel Cortés, que diera marcha atrás a las acciones ya que había conflicto de intereses, sin embargo, éste consideró que no era así.
Después años de litigio, el pasado 10 de agosto los magistrados del TJA consideraron que debían dejarse sin efecto todas las acciones llevadas a cabo por García Arias, quien había interpuesto diversos amparos.
Debió excusarse de conocer de los procedimientos administrativos que son de su conocimiento al tener un interés directo en contra de su poderdante, así como en contra de Grupo Lar, situación que pasa por alto la autoridad demandada, toda vez que existen confesionales tacitas que realiza el funcionario público a través de sus redes sociales y medios de comunicación masiva en desacreditación total de los intereses de Grupo Lar, mismo al que pertenece su representada”, se lee en la sentencia.
Ahora el actual director ejecutivo jurídico de Miguel Hidalgo tendrá que reponer y subsanar las acciones legales de Gustavo García Arias, quien después de que se dio vista al Órgano Interno de Control de la demarcación deberá de ser sancionado administrativamente, además de que, si así lo consideran, se dará vista a la Fiscalía para deslindar responsabilidades.
La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México señala, en su artículo 58, que el conflicto de intereses y abuso de funciones como faltas administrativas (ambas consideradas graves) serán sancionados de acuerdo con el artículo 78 de la misma ley con la inhabilitación hasta por 20 años del servicio público.
