Un tribunal filipino da luz verde a posible proceso de la CPI contra Duterte
Los investigadores no podrían entrar en territorio filipino si el Gobierno les deniega el ingreso.
Bangkok,- El Tribunal Supremo filipino reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en Filipinas hasta que el país se salió del organismo, lo que abre la vía a un posible proceso internacional contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, por su guerra contra las drogas.
El fallo, anunciado el pasado marzo pero que se hizo público enteramente este miércoles en la web del tribunal, fue acordado por 15 votos a favor y ninguno en contra y desmiente a Duterte, que ha insistido en que la CPI no tiene jurisdicción en Filipinas.
El Supremo indicó que el país está obligado a "cooperar" con "cualquier proceso" iniciado antes de que Duterte retirara efectivamente a su país de la CPI en 2019.
El pasado 14 de junio, la Fiscalía de la CPI pidió autorización judicial para investigar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas que inició Duterte tras convertirse en presidente en 2016.
"La información disponible indica que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en conveniencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles", dijo la fiscal jefa saliente, Fatou Bensouda, en un comunicado.
En la solicitud de investigación, de 57 páginas, se dice que en el país se han sucedido "ejecuciones extrajudiciales" que "parecen haberse cometido de conformidad con una política estatal oficial del Gobierno filipino".
La investigación por la guerra contra las drogas, de ser aprobada por los jueces, se ceñiría a hechos sucedidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019.
Si las pesquisas son aprobadas, la Fiscalía tendría la potestad de recopilar pruebas adicionales de forma directa, contactar con posibles testigos y, eventualmente, solicitar órdenes de arresto.
No obstante, los investigadores no podrían entrar en territorio filipino si el Gobierno les deniega el ingreso.
La ley impide a Duterte aspirar a la reelección, pero el mandatario ha sugerido que podría postularse candidato a vicepresidente y su hija Sara ha expresado su deseo de presentarse a las elecciones de 2022 con el deseo de convertirse en la siguiente jefa del Estado.
"Este CPI es basura. ¿Por qué debería defenderme o afrontar acusaciones ante gente blanca? Estáis locos. Estos solían ser colonizadores", dijo Duterte en junio tras conocer que la Fiscalía de la CPI había pedido su procesamiento.
El mandatario, de 76 años, añadió que solo se sometería a un tribunal filipino con jueves filipinos, al tiempo que defendió la guerra contra las drogas y alertó de que hay que combatir a los narcotraficantes para evitar que Filipinas termine como México, que calificó de "casi un Estado fallido".
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