La FGJ destacó que la violación fue el único delito que no presentó disminución a lo largo de 2020.
Si bien el encierro provocado por la pandemia del Covid-19 ayudó a que en la Ciudad de México disminuyeran los delitos de alto y bajo impacto durante el año pasado, ocasionó que, por el contrario, crecieran los ilícitos de violación y violencia familiar.
Así lo revela el proyecto del Programa de Persecución Penal (PPP) 2021 que presentó la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, al Congreso local, para su análisis y para que sea aprobado por el Pleno.
Para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, revela el documento, iniciaron 198 mil 140 carpetas de investigación, de las cuales 165 mil 955 (84%) corresponden a delitos de bajo impacto y 32 mil 185 (16%) a los ilícitos de alto impacto.
En estos últimos, la FGJ destacó que la violación fue el único delito que no presentó disminución a lo largo de 2020, pues creció 3.9%, lo mismo que la violencia familiar, que representó 14% del total de las carpetas.
Incluso, la dependencia estableció que, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero a nivel nacional, fueron iniciadas un millón 841 mil 141 carpetas, de las cuales 220 mil 28 fueron por violencia familiar (12%).
En la presentación del documento, Godoy destaca que la Constitución local otorga a la fiscalía las atribuciones para establecer un Programa de Persecución Criminal, que le permita gestionar de forma estratégica los delitos del fuero común.
"[Se busca] iniciar juntos un proceso amplio de consulta, en el que diputados, ciudadanía, alcaldías, organizaciones civiles, profesionales del derecho, académica y los poderes Ejecutivo y Judicial, y medios de comunicación puedan contribuir en las prioridades de la FGR", señaló.
Además, será objeto de análisis por los diferentes órganos que integran la FGJ, entre ellos, las Fiscalías Especializadas y el Consejo Ciudadano, cuyos integrantes fueron designados el pasado 8 de diciembre por el Congreso. La misión de estos servidores públicos, aclaró, es conducir el proceso de consulta y consenso social, "que concluirá con la presentación del Programa al Congreso al inicio del segundo periodo de sesiones, es decir, el 1 de febrero del 2021", y así lo hizo.
Recordó que la FGJ mide la tasa de incidencia delictiva, por medio del número de carpetas de investigación iniciadas en cada una de sus fiscalías, de allí que en febrero, con relación a enero, incrementó 45.5%, caso contrario ocurrió en abril respecto a marzo, donde se contrajo 42.7%.
