La violencia machista en Puerto Rico se convierte en una cuestión de Gobierno
La entrada en vigor de la declaración del estado de emergencia por la violencia machista en Puerto Rico supone enfrentar un problema grave en la isla, donde en 2020 hubo 60 feminicidios, lo que supone un incremento del 62 por ciento en relación al año anterior, y haber atendido el reclamo durante años de numerosas organizaciones.
Asociaciones que luchan contra la violencia de género en la isla muestran este miércoles su postura favorable a la iniciativa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que con la medida anunciada el pasado domingo trata de dar respuesta al que se había convertido en uno de los principales problemas de la sociedad.
Aunque la violencia de género es un problema que golpea a la sociedad puertorriqueña desde hace años, la alarma social se desató definitivamente durante 2020, después de que en un periodo de 4 semanas (septiembre 15-octubre 19) se registraran 17 asesinatos de mujeres.
La orden ejecutiva para declarar una emergencia por violencia de género da respuesta, según Pierluisi, a la situación que viven las mujeres y cumple así con su promesa de la campaña electoral.
Wanda Vázquez, que le precedió en el cargo, había anunciado un estado de alerta nacional a causa de la violencia contra la mujeres en septiembre de 2019, que las asociaciones consideraban insuficiente.
ORDEN CONSIDERADA POSITIVA
La presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Mabel López, señaló a Efe que en términos generales la orden ejecutiva de Pierluisi debe considerarse positiva.
"El momento para la orden era hace años", matizó López, tras indicar que la violencia de género se ha cobrado ya muchas vidas.
Dijo que no ha sido fácil dar el paso, ya que hubo que superar la oposición "de sectores muy conservadores de la sociedad".
López sostuvo además que esta orden ejecutiva que promueve el gobernador trata de dar respuesta a "una falta de estadísticas acertadas".
"Creo que debe incluir un plan integral", dijo, después de matizar que "los cambios requerirán tiempo".
López señaló que, no obstante, una de las preocupaciones es que la orden ejecutiva no es del todo clara sobre la inclusión en el currículum puertorriqueño de la perspectiva de género como parte integral de su sistema educativo.
El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano señaló a Efe que la iniciativa de Pierluisi va en la dirección correcta.
LOS TRANSEXUALES INCLUIDOS
Matizó que Pierluisi señaló durante el anuncio que los transexuales están incluidos, aunque matizó que los crímenes de odio también debían estar cubiertos por esa orden.
La perspectiva de género es para algunas asociaciones algo básico para cambiar un patrón de comportamiento fuertemente arraigado en la sociedad.
La iniciativa de Pierluisi es vanguardia entre los territorios latinoamericanos,
La orden ejecutiva 2021-13, firmada el domingo por Pierluisi, establece mecanismos como la designación de un oficial de cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y comprobar la implementación de la orden.
Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a luchar contra la violencia de género.
Este comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González.
APLICACIÓN DE ASISTENCIA TELEFÓNICA
Otra de las disposiciones de la orden ordena crear una aplicación telefónica que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor.
La orden también pide impulsar las oportunidades profesionales para las mujeres, con la creencia de que mejorar la independencia financiera puede ayudar a reducir la exposición a la violencia.
La directora ejecutiva de Proyecto Matria -organización que busca la mejora económica de las mujeres-, Amarilis Pagán, dijo que hasta el momento el gobierno no ha sabido gestionar la situación de la violencia contra las mujeres al no haber supervisión ni una evaluación de la calidad del servicio prestado.
El resultado de la iniciativa es una incógnita, aunque para saber si ha habido avances hay un comité asesor que elaborará un plan de acción y publicará su primer informe en un plazo de 45 días.
Después, se dará seguimiento de la implementación de la orden con información de progreso y recomendaciones mensuales.
El proyecto necesita de un presupuesto que Pierluisi ya adelantó que presentará a la Junta de Supervisión Fiscal, entidad federal que supervisa al Ejecutivo de San Juan en materia financiera.
La orden incluye que cada agencia gubernamental incluya en su propio presupuesto cantidades destinadas a cumplir con la orden ejecutiva.
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