La familia de niño desaparecido por el Ejército de Guatemala exige sus restos

Los cuatro altos mandos fueron declarados responsables de detener ilegalmente y mantener en cautiverio a Emma, torturándola y violándola, y de la desaparición forzada de Marco Antonio 

Ciudad de Guatemala.- La familia del menor Marco Antonio Molina Theissen, desaparecido hace 40 años por el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno, exigió este lunes la devolución de sus restos, tras 17 años de que una sentencia internacional obligara al Estado a entregarlos.

La hermana mayor de Marco Antonio, la defensora de derechos humanos Lucrecia Molina Theissen, participó este lunes en un foro virtual sobre la búsqueda de las más de 45.000 víctimas de desaparición forzada durante la guerra en Guatemala (1960-1996), donde instó a la justicia local a cumplir con sus obligaciones.

"Esperamos que las reparaciones sean cumplidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado buscar, ubicar y devolvernos los restos de Marco Antonio, desde 2004. Son 17 años ya (transcurridos) y el Estado no da respuestas, y aún no hay ni política ni plan establecido", esgrimió.

Marco Antonio tenía 14 años de edad cuando, el 6 de diciembre de 1981, fue secuestrado por un comando del Ejército en su domicilio en la Ciudad de Guatemala, durante un operativo clandestino para dar con el paradero de su hermana, Emma Molina Theissen, una presa política que había escapado de una prisión oculta en un cuartel militar del oeste del país centroamericano.

CONDENA HISTÓRICA
Hace tres años, el 24 de mayo de 2018, un Tribunal de Mayor Riesgo condenó a 58 años de prisión a los militares retirados de alto rango Manuel Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña y Manuel Antonio Callejas y Callejas; y a 33 para Francisco Gordillo.

Los cuatro altos mandos fueron declarados responsables de detener ilegalmente y mantener en cautiverio a Emma, torturándola y violándola, y de la desaparición forzada de Marco Antonio en 1981, uno de los años de mayor represión durante la guerra civil que dejó, además de los desaparecidos, 200.000 muertos.

Lucrecia Molina Theissen instó a los seguidores de la actividad a que trataran de imaginar a sus padres, él contador y ella maestra de primaria, por lo vivido y pensar también por lo que pasó su hermana Emma.

"Para que nunca más suceda, traten de ver a Emma en un cuartel militar, y junto a ella a todas las mujeres desaparecidas, violadas y torturadas durante nueve horas, en las que cada segundo les saltó la idea de su inminente crimen" dijo.

"No quiero ni siquiera imaginar a Marco Antonio de lo que pasó, pero les invito a pensar en lo que sintieron esos 5.000 niñas y niños desaparecidos. Jamás volvimos a saber nada de él, sin embargo esperábamos su regreso", describió la activista, que salió de Guatemala al exilio tres años después de la desaparición junto a sus hermanas Emma y María Eugenia y sus padres.

Finalmente, invitó a los sobrevivientes de ese "régimen de terror" a continuar con su lucha para lograr un Estado de derecho y "acabar con la última gota de corrupción e impunidad que persiste en las Cortes de Guatemala".

El caso Molina Theissen contó con 14 peritajes sobre derecho internacional humanitario, psicosociales, genéticos, archivísticos, criminalísticos, de teoría militar y de práctica contrainsurgente, entre otros, que incluyó 170 pruebas documentales.

El médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, uno de los peritos del caso, dijo este lunes durante el foro virtual que la desaparición forzada "es tratar de borrar del mapa del mundo y de la memoria y los afectos a la persona desaparecida. Es el máximo daño posible".

Además, el investigador de la oenegé holandesa Impunity Watch y exdirector de Investigación Criminal del Ministerio Público (Fiscalía), Alejandro Rodríguez, subrayó que la sentencia de hace tres años "reconoció la empresa criminal conjunta, de carácter sistémico" enarbolada desde el Estado y cuya cadena de mando "tuvo roles asignados para ese plan, para violar los derechos humanos".

El Congreso aún tiene pendiente legislar "para crear un registro nacional de personas desaparecidas forzadas", pues "debe haber una gran búsqueda a nivel nacional para encontrarlos" recordó Rodríguez.

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