La lejanía con relación al gobierno genera dudas entre el empresariado sobre la efectividad de la representación de los organismos cúpula
CIUDAD DE MÉXICO.- Además de enfrentar la crisis a causa de la pandemia de Covid-19, y luego de años de crecimiento económico insuficiente, la iniciativa privada (IP) del país permanece actualmente distanciada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El problema no para ahí, pues la misma lejanía con relación al gobierno genera dudas entre el empresariado sobre la efectividad de la representación de los organismos cúpula, mismos que a su interior viven un desgaste a causa de pugnas y descalificaciones, sobre todo en los procesos para renovar dirigencias.
Así, por la percepción entre la membresía de confederaciones y cámaras es que ahora se litiga a través de boletines de prensa contra las decisiones gubernamentales, pues ya casi no se les invita a Palacio Nacional para tratar temas de interés nacional. Tampoco se detectan voces fuertes que cuestionen las determinaciones de la administración federal, como en su momento lo hizo Gustavo de Hoyos Walther, quien presidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2016 a 2020.
El diagnóstico
Para los expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón, en el sector privado hay problemas de representatividad y unidad.
Gutiérrez Candiani, presidente de la institución de 2012 a 2015, considera que se requiere un sector privado más unido para ser escuchado por el gobierno. En un intercambio de ideas no puede haber una dinámica de confrontación, ni un diálogo de sordos que no funcione, comenta a EL UNIVERSAL. Lo ideal es lograr un equilibrio, sobre todo cuando se trata de que el gobierno y la IP lleguen a acuerdos.
“El sector empresarial siempre debe tener claro privilegiar el diálogo. Pero lo más importante es fijar posición en temas fundamentales, como lo son la libertad de expresión, la democracia, sobre órganos autónomos y constitucionales. Es parte del quehacer que debe tener el sector empresarial”, afirma.
Para lograrlo, “necesitamos un sector empresarial mucho más unido y enérgico, dejando ese testimonio histórico donde nosotros tenemos la responsabilidad de defender”.
Expone que el diálogo entre los tres poderes y el sector privado debería servir “para generar acuerdos y tener una visión compartida que nos permita sacar los grandes temas nacionales”.
En el caso de Castañón, quien encabezó el CCE de 2016 a 2019, explica que en la relación del sector privado con el Ejecutivo federal, es necesario comprender que no es posible sentarse a dialogar sin generosidad.
“Debes tener apertura, ser generoso, aunque no coincidas en la visión política e ideológica. La ideología no debe obstaculizar la comunicación; tiene que haber apertura para no obstaculizar la discusión”, subraya.
Sin embargo, a la comunicación entre los sectores público y privado le han faltado esas características, además de que la ideología nubla la toma de decisiones, advierte Castañón.
Al no considerarse otras maneras de pensar, se cae en la polarización y exclusión, factores que impiden generar un buen análisis de las situaciones para tomar la mejor decisión.
Difícil panorama
Además de la lejanía entre la IP y el poder, al interior de los organismos empresariales “ha habido también falta de generosidad para escuchar al otro en la mesa de discusión, y esto ha llevado a que pequeñas empresas y regiones no se sientan representadas”, reconoce Castañón.
Esa situación, agrega, “provoca que nos estemos acercando a vivir un grave riesgo de división y separación, al no tener inclusión de pequeñas empresas”. Desde 2019 se enfrenta una contracción de la economía, a la que se suma la crisis actual por la pandemia, y en todos estos años “no ha pasado nada positivo para las pequeñas y medianas empresas (Pymes)”, lamenta.
Representación
En abril pasado, la membresía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) decidió mantener a Carlos Salazar Lomelín como presidente, en lo que será su tercer año al frente del organismo cúpula, lo que significa que conserva el liderazgo de las negociaciones con el gobierno federal por un año más.
En su opinión, sí hay comunicación con el Ejecutivo federal y con los diversos secretarios de Estado para abordar los temas que más afectan al país.
“Hemos mantenido una buena relación [con el presidente López Obrador], una buena comunicación. Yo hablo a su oficina cada vez que se requiere”, afirma Salazar Lomelín.
“Sin embargo, yo creo que sí requerimos más atención a temas como inversión, presupuesto, consumo y pobreza”.
Empresarios y presidentes de organismos empresariales consultados por EL UNIVERSAL, quienes pidieron no ser identificados, relatan que Salazar Lomelín pretendía no reelegirse por un tercer año en el cargo. Ante ello, al actual presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, se le consideró para tomar el liderazgo, aprovechando su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que es un hombre “excepcional” y “confiable”.
Las fuentes también afirman que les preocupa que el Presidente no invite a Salazar Lomelín a eventos y que no se reúna con él desde hace tiempo, como pasaba en otros momentos.
Por ello, consideran que el tipo de liderazgo del CCE debe cambiar ante los problemas que enfrenta la IP para ser escuchada por el gobierno, luego de que ni siquiera a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus se escuchó la petición de apoyos para salir adelante.
Relevo agitado
En medio del distanciamiento con el Ejecutivo federal, en dos confederaciones —las de comerciantes e industriales—, hay conflictos internos en sus procesos para elegir presidente, y en ambos casos tuvo que intervenir la Secretaría de Economía (SE).
Tanto en el caso de la Concamin, como en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), la renovación de liderazgos debió darse a principios de año, pero la SE les permitió realizar las votaciones hasta el próximo mes, ante el impedimento de que las asambleas se pudieran realizar presencialmente a causa de la pandemia. En el caso de Concamin, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, denunció recientemente que el proceso electoral pasa por encima de la ley y es parcial, pues sólo pueden ser candidatos los actuales vicepresidentes. Ante ello, solicitó la intervención de la Secretaría de Economía.
