Denuncia comunidad rarámuri a México ante Corte Interamericana
CIUDAD DE MÉXICO.-La comunidad indígena mexicana Choréachi, formada por unos 800 hombres y mujeres tarahumaras, denunció este viernes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno federal mexicano y el del estado de Chihuahua incumplieron las medidas de protección que ese tribunal dictó a su favor en 2020 ante las agresiones, hostigamientos y amenazas de grupos criminales del narcotráfico en una disputa de tierras que recrudeció en 2013.
En una audiencia digital de un día ante la Corte y a nombre de la comunidad, el (no gubernamental) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), de Chihuahua, reprochó que México "no ha respondido con la seriedad" a las órdenes emitidas por el tribunal para proteger a esa etnia y recalcó que hay "un preocupante" incumplimiento de los dos gobiernos (el federal y el del estado) a las medidas.
"No vivimos a gusto en nuestras propias tierras", lamentó el indígena mexicano Ángel Machado, segundo gobernador de la comunidad, al intervenir en la audiencia en rarámuri, el idioma de la comunidad, y exponer las dificultades que enfrentan por culpa de los "chabochi", término que describe a las personas que no forman parte de ese grupo.
"La tranquilidad nos la han arrebatado" los "chabochi", agregó, al relatar la invasión a sus tierras. "Se han metido a nuestro territorio", añadió, por lo que "tenemos miedo de caminar" en las zonas que, desde hace más de 500 años, pertenecen a la comunidad.
Machado y otros representantes de los tarahumaras acusaron que los invasores roban ganado y madera, queman viviendas y ejecutan otros actos de hostigamiento, violan sus derechos humanos e irrespetan sus tradiciones culturales.
La Corte detalló que las medidas provisionales "son fundamentales en el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe", por lo que son dispuestas "en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas", por lo que "en muchas ocasiones" pueden salvar la vida de una persona o de un colectivo al cuál se le están amenazando la garantía de los derechos humanos.
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