El Gobierno de Yucatán determinó de forma inmediata la separación de sus cargos en la Fiscalía General del Estad (FGE) a quienes resulten responsables de la muerte del joven José Eduardo Ravelo, ocurrida el pasado 3 de agosto en Mérida.
Lo anterior tras el resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que señaló como probables responsables a autoridades de dicha dependencia, además de descartar que el joven veracruzano fuera objeto de tortura o violación de parte de policías municipales. A través de un comunicado, informó que continúa colaborando con las autoridades federales en la investigación del personal de salud que atendió a Ravelo Echavarría en el hospital general "Dr. Agustín O'Horán" para que se deslinden responsabilidades.
"En el Gobierno del Estado no hay lugar para la impunidad y todos los funcionarios deben respetar la ley y servir con integridad a la sociedad, quien no lo haga, deberá responder a las consecuencias", señala el comunicado.
El gobierno estatal también comunicó que continuará con el apoyo a los familiares del joven fallecido y refrendó su compromiso con "la verdad de los hechos y la aplicación de la ley con toda la firmeza". Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) dictaminó que el joven murió víctima de neumonía y que no fue objeto de tortura ni violación de parte de policías municipales de Mérida.
La dependencia federal informó que se exhumó el cadáver y se practicó la necropsia, en la que se concluyó que falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención. "En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal. Lo que sí existió, fue la falsedad en dictámenes ministeriales.
"Por ello el 18 de octubre se ejerció la facultad de atracción, sobre las conductas que presuntamente cometió personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ya que falsearon dictámenes periciales y presionaron a testigos, con el propósito de ejercitar acción penal contra los policías municipales", reveló la FGR.
La autoridad federal agregó que se está en proceso de judicializar la carpeta de investigación para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se continúa con la investigación respecto de la posible negligencia médica por parte de médicos responsables del Hospital General "Dr. Agustín O'Horán". Al analizar las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de la detención de José Eduardo hasta su llegada a la cárcel (11 minutos) y su estancia en ese lugar (24 horas), la FGR concluyó que no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. La FGR aseguró que las declaraciones de los testigos son consistentes en señalar que el joven se resistió al arresto.
