El gobierno exige que empleados de salud sean inmunizados contra el COVID-19.
Un grupo de 10 Estados presentaron una demanda en contra del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y varias agencias y funcionarios de su Gobierno por el mandato federal que requiere que empleados de salud se vacunen obligatoriamente contra Covid-19.
La demanda fue presentada en una corte de distrito de Misuri por los estados de Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Misuri y Nuevo Hampshire.
Medida. Los estados, todos menos unos representados por su fiscal general, protestan por una medida impuesta el pasado 4 de noviembre por el Gobierno federal que exige que unos 17 millones de trabajadores de cerca de 76 mil instalaciones afiliadas a Medicare y Medicaid se apliquen la vacuna contra el Covid-19 para conservar sus empleos. Según la queja, el Gobierno "actuó arbitraria y caprichosamente" al implementar la regla y no consideró el impacto que tendría en la escasez de personal sanitario en los estados. Los estados piden que la corte anule el mandato de vacunación. La demanda es la última batalla legal que el Gobierno de Biden enfrenta contra sus medidas para frenar la pandemia de Covid-19.
Bloquean. El sábado, una corte bloqueó temporalmente otra medida de la Administración Biden que exigía a las empresas con 100 o más empleados que sus trabajadores estuvieran vacunados o realizarse pruebas de coronavirus rutinarias. La decisión llega luego que líderes republicanos criticaran la iniciativa y presentaran recursos legales en su contra argumentando que se extralimitaba con su autoridad. La propuesta de Biden debía entrar en vigor el 4 de enero de 2022 y estipulaba que quienes no se vacunaran tenían que someterse a pruebas semanales y usar mascarilla. Aquellos que se opusieran serían sancionados.
La Casa Blanca no quiso comentar sobre el fallo, y refirió las preguntas al Departamento del Trabajo, donde los voceros no ofrecieron reacciones inmediatas. Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah fueron los estados que presentaron recursos contra el mandato ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos. De acuerdo a la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA por sus siglas en inglés), la normativa se aplicaría a 84.2 millones de empleados de 1.9 millones de empresas del sector privado como parte de las regulaciones de “seguridad en el lugar de trabajo”.
Iniciativa. “El presidente no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin los controles y equilibrios que ofrece la Constitución”, aseguró Jeff Landry, fiscal general de Luisiana en un comunicado citado por el medio USA Today. La iniciativa planteaba sanciones de hasta 14,000 dólares y exigía a los empleadores que otorgaran permisos remunerados a quienes desearan vacunarse en horas laborales o sufrieran efectos secundarios tras la dosis, esto como parte de un plan para acelerar la vacunación.
