Una bomba lapa mata a activista y funcionario de alto rango en Afganistán

El funcionario de alto rango del Ministerio afgano de Educación y conocido activista por la paz Abdul Baqi Amin perdió la vida este miércoles en Kabul al explotar un artefacto adosado a su coche, un nuevo asesinato selectivo en Afganistán.

"El funcionario del Ministerio de Educación Abdul Baqi Amin murió esta mañana por la explosión de un artefacto explosivo improvisado (IED) contra su automóvil en la ciudad de Kabul", dijo a Efe Firdaws Faramarz, portavoz de la policía de la capital.

Faramarz explicó que la bomba estaba adherida de forma magnética al vehículo y que explotó a primera hora de la mañana local en el oeste de la ciudad, lo que mató al activista y causó heridas a su conductor.

"Abdul Baqi Amin, director del Consejo Científico del Ministerio de Educación, falleció y su conductor, Gulbadin, resultó herido hoy por la mañana por la explosión de una bomba en su coche", confirmó también la portavoz de esa cartera, Nooria Nijrabi.

Agregó que "el Ministerio de Educación condena enérgicamente este ataque y califica a sus autores de enemigos del progreso y del desarrollo del país".

Amin era, además, profesor universitario y un destacado analista político y había dirigido el Centro de Investigaciones Estratégicas Qased.

También fue un importante activista y organizó conferencias sobre la paz y para fomentar la concienciación pública y promover una paz que parece estar más cerca que nunca de conseguirse, si tienen éxito las inminentes negociaciones intraafganas entre el Gobierno y los talibanes.

Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque contra Amin, acción que se suma a las que últimamente sufren clérigos, líderes religiosos y analistas de todo el país.

El pasado viernes resultó herida Fawzia Koofi, activista por los derechos de las mujeres y miembro del equipo del Gobierno que se sentará a negociar con los talibanes en Catar, cuando un grupo de hombres armados atacó el convoy en el que viajaba.

Aunque el Gobierno suele culpar a los talibanes de esas acciones, los insurgentes siempre niegan su participación en las mismas.

Pese a ello, ambas partes se muestran dispuestas a iniciar las conversaciones de paz cuanto antes, en cuanto finalice el proceso de intercambio de prisioneros.

Los talibanes aseguran que completaron el millar de liberaciones de miembros de las fuerzas afganas el pasado 30 de julio, mientras que el Gobierno aprobó la semana pasada la excarcelación de los últimos 400 reos de los 5,000 exigidos por los insurgentes.

De esos 400, Kabul sólo ha puesto en libertad por el momento a 80.

Algunos países occidentales, como Francia y Australia, han solicitado al Gobierno que mantenga en prisión a una decena de ellos, responsables de asesinatos de ciudadanos suyos.

Una vez sean liberados, talibanes y Ejecutivo tratarán de llegar a un acuerdo político que ponga fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán.

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