Realizó la PGR en 2011 investigación exprés contra Humberto Moreira
Ese año EU hizo llegar a México un informe de actividad sospechosa
MÉXICO.- A la Procuraduría General de la República (ahora FGR), durante el gobierno de Felipe Calderón, le bastaron 33 días para deslindar y exonerar a Humberto Moreira del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en 2012.
En la investigación -que nunca llegó ante un juez- se dejó fuera información de inteligencia que brindó Estados Unidos a México sobre operaciones sospechosas de sus colaboradores.
La indagatoria inició en junio de 2011, tres meses después de que Moreira asumiera la dirigencia del PRI, que se preparaba entonces para postular a Enrique Peña Nieto como candidato presidencial.
En un inicio se investigó a varios colaboradores cercanos al profesor, pero en septiembre de 2012, con el argumento de que no había indicios de que hubieran actuado unidos, se separó la indagatoria y se inició una exclusiva contra del exgobernador.
Seis días después de haberse iniciado el nuevo expediente, el Ministerio Público encargado del caso envió un oficio a sus superiores para consultar la emisión del dictamen de no ejercicio de la acción penal, el cual se autorizó a los 27 días y permitió archivar la acusación en 33 días.
Pese a que la PGR se allegó de diversos documentos que pudieron haber sido clave en la investigación, el Ministerio Público no los valoró para decidir si podrían acreditar los delitos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, por ejemplo, en 2011 le hizo llegar a México un expediente titulado Informe de actividad sospechosa.
En el documento se señalaba a un cercano colaborador de Moreira (del cual testaron su nombre en el informe entregado a este diario) de haber realizado transferencias de dinero entre el 7 de abril de 2009 al 9 de julio de 2010, las cuales fueron catalogadas como "sospechosas".
Las autoridades de Estados Unidos también dieron a la PGR una relación de las empresas y propiedades de Moreira y su colaborador Vicente Chaires Yáñez, también denunciado penalmente ante la PGR, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional BancarIa y de Valores (CNBV) proporcionaron reportes de sus operaciones inusuales y relevantes.
Pese a que en la denuncia se señalaba una red de corrupción, la PGR separó el caso para investigar a cada uno de los acusados individualmente, y en el del exmandatario, la autoridad ministerial sólo se limitó a comparar sus ingresos obtenidos (según sus declaraciones patrimoniales) contra los estados bancarios de las cuentas a su nombre, dejando fuera el resto de información.
En la indagatoria tampoco se investigó el entorno patrimonial y financiero de los dependientes económicos que pudieron haber servido de prestanombres, esto a pesar de que en la denuncia que dio pie a la averiguación previa se hacía referencia a varias personas que habrían fungido como testaferros del priista.
Especialistas en el tema consultados para este reportaje coincidieron en que una indagatoria por enriquecimiento y lavado se debe efectuar de una forma integral, tomando en cuenta que se tratan de redes de corrupción, por lo que los actos no se realizan de forma aislada.
La información de este trabajo parte del dictamen de no ejercicio de la acción penal que emitió la PGR en la gestión de Maricela Morales, en la pesquisa FECCSPF/M-II/267/2012, que se obtuvo vía transparencia.
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