Desde el 2016, 2 años después de que dictaminara el avalúo de la empresa Fertilizantes ubicada en Pajaritos, Veracruz y propiedad de Altos Hornos de México y que fuera vendida en el 2014 al Gobierno Federal fue inhabilitada.
La firma Galaz, Yamazaki, y Ruiz Urquiza SC, que es miembro de la empresa internacional de auditoría Deloitte, fue inhabilitada por cinco años para realizar contratos con el Gobierno Federal, entidades federativas y otros entes públicos.
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 2016, fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien publicó la circular por medio de la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía, así como entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las personas morales Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC, y Datavisión Digital SA de CV.
La firma Galaz, Yamzaki, Ruiz Urquiza SC ofrece servicios de asesoría, consultoría y auditoría; en tanto, Datavisión Digital S.A. de C.V. da servicios de tecnología.
En la página de Internet de Deloitte México se puede leer que: La firma miembro de DTTL (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) en México es Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC y sus afiliadas subsidiarias.
En la circular se explica que esta decisión se tomó con base en una resolución que sanciona administrativamente a dichas firmas.
En este sentido, se subraya que a partir del día siguiente en que se publique la circular en el DOF, las entidades mencionadas deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dichas empresas de manera directa o por interpósita persona, por encontrarse inhabilitadas por el plazo de cinco años.
Las entidades federativas y los municipios interesados, deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, precisa.
Asimismo, refiere que si al día siguiente en que se cumpla el plazo de inhabilitación, las empresas sancionadas deberán pagar la multa correspondiente pero si no lo hacen la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.
