VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- En Colima, el candidato de la coalición PAN-PRD a la presidencia municipal de la capital del Estado, Héctor Insúa García, se robó la luz -mediante los llamados “diablitos”- durante 4 años, del 25 de octubre de 2012 al 17 de noviembre de 2016, tiempo en el cual dejó de pagar 190 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad.
Así lo prueba la notificación de ajuste por derivación eléctrica de Uso Ilícito No. 1169/2016 que la CFE entregó el 17 de noviembre de 2016 en el domicilio del candidato, ubicado en la calle Privada del Manzano No. 12, Residencial Las Parotas, uno de los cotos más exclusivos de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima.
Héctor Insúa busca reelegirse como presidente municipal de Colima, cargo que desempeñó desde el 16 de octubre de 2015 hasta el 27 de marzo de 2018, fecha en que solicitó licencia para contender de nuevo por la alcaldía. Previamente se desempeñó como diputado local de Colima de 2012 a 2015.
El robo de la luz inició cuando ya era diputado del Congreso Local y lo continuó como presidente municipal, hasta que la CFE lo detectó y realizó el cobro por el monto ya señalado.
Aunque la notificación de la CFE está dirigida a Carlos Miguel Ramírez Pereyda, uno de los organizadores del Festival Municipal, este medio de comunicación posee copia de la escritura pública 21,409 que constata en la Notaría Pública No. 2 de Colima, que Héctor Insúa compró la finca a Carlos Miguel Ramírez desde el año 2010.
Adicionalmente, el domicilio del recibo predial, como consta en información pública, demuestra que el candidato del PAN es el propietario y habitante de dicha vivienda.
La notificación de CFE tampoco fue recibida por el candidato del PAN, sino por uno de los funcionarios de su administración municipal, el Director de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Colima, Ricardo Villa Santana, como se aprecia en el acuse de recibo.
Cabe mencionar que Héctor Insúa también enfrenta un proceso penal, tras haber sido denunciado por trabajadores del Ayuntamiento de Colima por el delito de desvío de recursos por el orden de los 31 millones de pesos; además de haber sido cuestionado en su entidad por incrementar su sueldo como alcalde a 98 mil pesos mensuales.