SALTILLO, COAH.- Los alcaldes que dejan su encargo este año deberán cubrir todos los adeudos que tengan pendientes a fin de cumplir con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y de no cumplir con esta normativa podrían hacerse acreedores a sanciones según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señaló el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso de Coahuila, Jesús De León Tello.
Expresó que esta ley les obliga a dejar cuentas claras y no dejar deuda a corto plazo, “no pueden estar dejando por ejemplo los servicios que se generan durante los meses de noviembre y diciembre, lo que es por ejemplo la facturación de alumbrado público, recolección de basura, todo lo que tiene que ver con gasto corriente, los servicios públicos, no pueden dejar que lo pague la siguiente administración, tienen que dejar cubierta toda esa parte”.
Esto se realiza a fin de que quienes lleguen a ocupar los encargos a partir del primero de enero del próximo año “no se lleven sorpresas” y conozcan de antemano los recursos con que cuenten para aplicarlos en su gestión, será la Auditoría Superior del Estado quien supervise de acuerdo a la legislación actual vigente que los procesos de entrega – recepción en torno a la cuenta pública se hagan con forme a la Ley de Contabilidad.
“El propio alcalde entrante lo va a decir de cómo va a estar pagando facturas que debieron ser pagadas por la anterior administración”, pues la ley prevé la armonización contable y evita que como ocurre en algunas ocasiones, los pagos a proveedores se hagan hasta dos meses después de emitida la facturación en el caso de la conclusión de los períodos de administración.
“Simplemente son las cuentas que están por pagar que estén pagadas, en el caso de Torreón tienen que dejar pagado por ejemplo el servicio de limpieza a PASA (Promotora Ambiental), que deben ya algunos meses, tendrán que liquidarla totalmente antes de iniciar la próxima administración”, expuso.
Consideró que no se espera que los alcaldes puedan incurrir en irregularidades, “directamente la Auditoría Superior del Estado tendrá que solicitar a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa apliquen todo lo que tiene que ver con sanciones y que pueden ir hasta la inhabilitación por siete años de aquellos funcionarios que hayan omitido esta parte”, expresó.