— Agencias 18/11/2026
Extrabajadores del INE aseguran que desde 2023, amenazas y despidos modificaron la plantilla de un área que revisa perfiles de aspirantes a consejerías electorales locales.
Exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron presuntas amenazas, despidos y actos de hostigamiento laboral en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), donde, según sus testimonios, personal cercano a Guadalupe Taddei Zavala habría ocupado puestos estratégicos desde 2023.
Denuncian desplazamiento de personal en el INE
Extrabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que, tras la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo en 2023, comenzó un proceso de sustitución de personal en la Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación, perteneciente a la UTVOPL.
De acuerdo con testimonios recopilados por EL UNIVERSAL, funcionarios con experiencia en materia electoral habrían sido presionados para presentar su renuncia, mientras que otras personas fueron removidas de sus cargos para incorporar a perfiles cercanos a la entonces consejera presidenta.
Los denunciantes, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, afirmaron que las presiones incluían advertencias sobre posibles retrasos en sus pagos si se negaban a firmar los documentos de renuncia.
Uno de los extrabajadores relató que recibió la solicitud de manera verbal, sin que se le entregaran documentos que justificaran su salida ni se le otorgara tiempo suficiente para analizar las consecuencias.
También aseguró que algunos empleados recibieron la indicación de adaptarse a las condiciones de la nueva dirección si querían conservar sus puestos.
Señalan presuntas irregularidades en nombramientos
Los testimonios identifican a Alan Francisco Aguirre, quien llegó a la Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación, y a Mónica Oliva Landa, en la Subdirección de Coordinación con los OPL, como parte de los cambios administrativos que, según los extrabajadores, estuvieron acompañados de prácticas de exclusión y hostigamiento.
Los denunciantes sostuvieron que algunos trabajadores con experiencia fueron desplazados de sus responsabilidades para colocar a personas que, presuntamente, no contaban con conocimientos especializados ni experiencia suficiente en materia electoral.
Asimismo, señalaron que existieron movimientos de personal en puestos directivos y de subdirección para ofrecer esas posiciones a funcionarios vinculados con la nueva estructura administrativa.
Entre los señalamientos también se encuentra la presunta incorporación de la hija de Mónica Oliva Landa como jefa de Departamento en la Subdirección de Proyectos y Evaluación, área relacionada con el proceso de designación de consejeros electorales estatales.
Reportan más de 10 despidos y cambios en la plantilla
Uno de los testimonios indicó que durante la gestión de Alan Francisco Aguirre fueron despedidos más de 10 colaboradores, incluidos integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Además, señaló que aproximadamente 12 funcionarios de las ramas técnica y administrativa fueron sustituidos, dentro de una plantilla laboral integrada por más de 45 personas.
Los extrabajadores describieron que las salidas se presentaban de manera recurrente y que, en algunos casos, los superiores advertían al personal que debía cumplir las instrucciones de los nuevos responsables para evitar poner en riesgo su permanencia en el instituto.
Advierten riesgos por el acceso a información electoral
Otro de los puntos expuestos por los denunciantes fue el acceso a información relacionada con los aspirantes a ocupar cargos en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Explicaron que la UTVOPL participaba en la revisión y evaluación de los perfiles de quienes buscaban convertirse en consejeros electorales estatales, además de tener acceso a bases de datos con información sobre los participantes y sus avances en las distintas etapas del proceso.
Según sus declaraciones, esta información también incluía la organización de las entrevistas y la asignación de consejeros electorales para evaluar a los aspirantes.
Por ello, manifestaron preocupación ante la posibilidad de que personas sin experiencia en los procedimientos electorales tuvieran acceso a información considerada delicada, debido al riesgo de posibles filtraciones.
Los extrabajadores también afirmaron que algunos funcionarios presumían su cercanía con Guadalupe Taddei para respaldar su posición dentro de la estructura administrativa.
Los señalamientos fueron recogidos mediante testimonios de exempleados que solicitaron el anonimato. La información proporcionada para esta nota no incluye una respuesta institucional del INE sobre las acusaciones.
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