— Agencias 13/11/2026
La empresa Broxel enfrenta investigaciones por presuntos conflictos de interés, pagos en exceso y adeudos con 39 dependencias, tras obtener contratos millonarios gubernamentales.
La empresa Servicios Broxel, encargada de emitir los monederos electrónicos entregados a 254 diputados federales de Morena, enfrenta una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas irregularidades en contratos públicos, pagos en exceso y la falta de devolución de 29.4 millones de pesos a 39 dependencias federales.
El crédito de 4 mil 200 millones de pesos que encendió las alertas
La investigación tomó relevancia luego de que Broxel solicitara una línea de financiamiento de hasta 4 mil 200 millones de pesos a Bancomext, con el propósito de obtener liquidez para sus operaciones.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno intervino mediante el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre, dirigido al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext.
En el documento, el órgano de vigilancia recomendó no autorizar el financiamiento, al considerar que los procedimientos administrativos contra la empresa y la posibilidad de que fuera inhabilitada representaban riesgos para la institución bancaria.
La dependencia también advirtió que una eventual sanción podría impedir que Broxel obtuviera nuevos contratos gubernamentales, lo que afectaría una de sus principales fuentes de ingresos.
Detectan pagos en exceso por 29.4 millones de pesos
Uno de los principales señalamientos contra Servicios Broxel está relacionado con los contratos para el suministro de vales electrónicos de despensa durante 2025.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, la compañía obtuvo contratos con más de 150 entes públicos, bajo condiciones distintas a las que había presentado en su propuesta económica.
Como resultado, habría recibido recursos públicos que no le correspondían y generado pagos en exceso.
El oficio establece que la empresa tenía pendiente devolver aproximadamente 29.4 millones de pesos a 39 instituciones de la Administración Pública Federal, pese a los requerimientos realizados por las dependencias involucradas.
La autoridad indicó que estas conductas podrían constituir infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que inició una investigación para determinar las posibles responsabilidades.
Señalan posible conflicto de interés con funcionario de Hacienda
La investigación también identificó un posible conflicto de interés por los vínculos familiares entre el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, y el funcionario de Hacienda Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la dependencia.
Según el documento, ambos son hermanos.
El caso adquirió relevancia porque Miguel Sergio Siliceo trabajó anteriormente en Bancomext, donde se desempeñó como director general adjunto entre 2019 y 2021.
Al incorporarse a la Secretaría de Hacienda, solicitó una licencia sin goce de sueldo, por lo que, de acuerdo con el oficio, mantiene una relación laboral con la institución financiera a la que Broxel solicitó el crédito.
La Secretaría Anticorrupción consideró estos vínculos como otro elemento que debía tomarse en cuenta al evaluar la viabilidad del financiamiento.
Contratos millonarios con el Gobierno federal
Los registros de contratación citados en la investigación señalan que durante 2025 Servicios Broxel obtuvo contratos federales por montos de entre 6 mil 928.7 millones y 9 mil 751 millones de pesos.
En el caso del Gobierno de la Ciudad de México, las adjudicaciones representaron entre mil 795 millones y 3 mil 591 millones de pesos.
La dependencia advirtió que una parte importante de los ingresos de la compañía depende de las contrataciones públicas, por lo que una eventual inhabilitación podría comprometer su capacidad financiera.
Los procedimientos administrativos continúan en trámite y podrían derivar en sanciones, incluida la imposibilidad de participar en nuevas contrataciones gubernamentales.
Broxel también está relacionada con tarjetas entregadas a diputados de Morena
El caso cobró mayor atención pública después de que EL UNIVERSAL revelara, el pasado 3 de noviembre, que 254 diputados federales de Morena recibieron monederos electrónicos emitidos por Broxel.
De acuerdo con la información publicada, cada legislador recibió tres tarjetas con 10 mil pesos cada una, equivalentes a 30 mil pesos por diputado.
La empresa también mantiene contratos con la Cámara de Diputados para distribuir tarjetas de despensa entre trabajadores de base y de confianza.
La entrega de estos monederos abrió cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados para financiar las tarjetas y los mecanismos de contratación de la compañía.
¿Qué respondió Broxel a los señalamientos?
Ante las observaciones relacionadas con los contratos públicos, Servicios Broxel sostuvo que obtuvo la adjudicación de la licitación federal mediante un procedimiento legal y que cumplió con los requisitos establecidos.
La compañía argumentó que las diferencias detectadas en la aplicación de las bonificaciones económicas obedecen a una discrepancia técnica e interpretativa.
Además, señaló que no había sido notificada formalmente del oficio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y que, por ese motivo, desconocía su autenticidad e integridad.
La empresa también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y atender los requerimientos relacionados con sus operaciones.
Por su parte, Norma Julieta del Río, excomisionada del Inai, señaló que los contratos acumulados por Broxel ameritan revisar posibles relaciones de influencia y responsabilidades administrativas.
La exfuncionaria consideró necesario investigar si existieron beneficios indebidos en las adjudicaciones y recordó que, de acreditarse un conflicto de interés, podrían imponerse sanciones al servidor público involucrado.
Hasta el momento, las investigaciones administrativas no representan una resolución definitiva de responsabilidad contra la empresa ni contra el funcionario señalado. La autoridad deberá determinar si existieron infracciones y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.
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