— Agencias 12/11/2026
Samuel García cuenta entre sus cercanos que arregló sus problemas directamente con la Presidenta. El gobernador de Nuevo León presume que Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación a intervenir para cerrar los expedientes de presunta corrupción y desfalco que se le han documentado a él y a su familia. Su interlocutora -hace saber a quienes lo quieran escuchar- está en Palacio Nacional, por encima de quienes lo denuncian y exigen investigarlo.
El jueves pasado, esa seguridad se topó con pared en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos proyectos favorables al gobernador estaban listos para discutirse. La ministra Sara Irene Herrerías proponía rechazar las impugnaciones del Congreso de Nuevo León y mantener las decisiones que habían permitido tramitar su controversia y protegerlo de una eventual destitución. Pero los asuntos quedaron en lista. Según la información recabada para esta columna, detrás del aplazamiento habría una intervención de la misma oficina que Samuel dice que lo protege. La Corte no explicó públicamente el motivo. La sesión continuó con otros casos.
Con el aplazamiento del 5 de noviembre, el estridente gobernador conservó la suspensión que la ministra María Estela Ríos le había concedido el 8 de julio, aunque no obtuvo su ratificación por el Pleno. Esa protección permite continuar el juicio político, pero impide ejecutar una destitución o inhabilitación mientras se resuelve la controversia. El Congreso de Nuevo León impugnó tanto la admisión de la demanda del gobernador como esa suspensión mediante las reclamaciones 53/2026-CA y 54/2026-CA, derivadas de la controversia constitucional 386/2026. Los proyectos de Herrerías proponían rechazar ambos recursos y confirmar las decisiones favorables a Samuel García. Su aprobación habría mantenido la protección judicial, sin absolverlo de las acusaciones.
Así, mientras la Corte dejaba pendiente esa revisión, Alfonso Ramírez Cuéllar exigía que los ministros resolvieran y permitieran al Congreso de Nuevo León determinar las responsabilidades. El diputado morenista, vicecoordinador de la bancada en la Cámara Baja, que desde octubre de 2025 acusó a Samuel García de practicar la facturación falsa, sostuvo que permitir el procedimiento e impedir la ejecución de sus eventuales sanciones vaciaba de contenido al juicio político. Su reclamo llegó el mismo día del aplazamiento. Ariadna Montiel también ha respaldado las denuncias contra el gobernador y su ampliación ante la Fiscalía General de la República. Desde la dirigencia de Morena se le exige responder por presuntas corruptelas, mientras que, en su entorno, García hace circular la versión de que el asunto ya fue arreglado con el Ejecutivo. La tranquilidad que presume no se refleja en esos mensajes. La Auditoría Superior de la Federación añadió presión. El 30 de octubre, su titular, Aureliano Hernández Palacios, informó sobre presuntas triangulaciones y simulación de operaciones en Nuevo León. La ASF presentó una denuncia penal relacionada con movimientos por más de 7 mil 200 millones de pesos.
Como respuesta, Samuel García recuperó un video de septiembre para sostener que las autoridades ya habían descartado ilegalidades. Pero el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar, introdujo un dato que limita esa defensa: el 4 de noviembre dijo que creía que los hechos denunciados por la ASF eran distintos de los investigados anteriormente. Por eso, la respuesta del gobernador no basta para dar por cerrado ese frente. La estrategia política y mediática del gobernador es alardear de su cercanía con la jefa del Ejecutivo. En septiembre difundió las imágenes de la visita de Sheinbaum a Nuevo León, incluido el saludo afectuoso a una de sus hijas. La escena familiar acompaña el acuerdo que presume en privado. Tampoco demuestra que Gobernación haya gestionado el cierre de las causas, como sostiene ante sus interlocutores.
La sucesión de 2027 ofrece una lectura política de esta combinación de presión y protección provisional. Un gobernador con asuntos pendientes tiene razones para negociar. Facilitar el triunfo de Morena en Nuevo León podría ser parte de esa negociación. Por ahora, Samuel García presume un acuerdo cerrado mientras su situación judicial permanece abierta. Su apuesta parece ser que la supuesta cercanía presidencial le alcance hasta la sucesión.
Posdata 1La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Esteva, adjudicó la construcción del Centro de Convenciones de Cuernavaca por casi 662 millones de pesos a Grupo Alavez Lambarri, en consorcio con Consorcio Constructor AA y Consorcio Constructor Doble AA. La empresa que encabeza la propuesta ganadora, presidida por el arquitecto Edgar Jahir Alavez Lambarri, ya tenía contratos de obra con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dependencia que Esteva dirigió antes de llegar al gabinete federal. Grupo Alavez Lambarri, Consorcio Constructor AA, Mialcami Construcciones y Constructora Apigro participaron en procedimientos de contratación con cruces de representantes, generando una presunta simulación de competencia. Se identificó a los hermanos Edgar Jahir y Eric Ian Alavés Lambarri al frente de las dos primeras empresas. También se encontró que Guadalupe Itzel Bautista Velasco había representado a Mialcami y a Grupo Alavez Lambarri, mientras Erick Estrada Pérez aparecía por Apigro y por esta última constructora.
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