— Juan Antonio García Villa 12/11/2026
Con motivo del escándalo causado por el descubrimiento de la red de corrupción que operaba en el INE, red encabezada por la propia consejera presidenta de éste, Guadalupe Taddei, la titular del ejecutivo Claudia Sheinbaum salió con el peregrino cuento de que no se trata de algo nuevo sino de añejas prácticas irregulares que conoció muy bien el anterior presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, pero que en realidad se remontan cuando menos al año 2000. Dijo que todo esto lo va a investigar la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sólo le faltó decir que así se lo estaba ordenando a ésta.
Bueno, pues como si efectivamente así hubiere sido, la propia ASF emitió un comunicado, el 4 de noviembre, en el que informa sobre “los trabajos relacionados con grupos empresariales y entes públicos electorales vinculados con adquisiciones y servicios”.
El comunicado da cuenta de “tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo”. La primera consiste en una “investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos (sic) públicos locales electorales (OPLEs)”, así como el INE y el entonces IFE.
La segunda “línea de trabajo” corresponde a un “estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLEs, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos”.
Y su tercera “línea de trabajo” la hace consistir la ASF en una “auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs”.
Agrega el comunicado de la ASF que lo anterior deriva tanto de “los trabajos de inteligencia que hemos realizado” como del “análisis de la información requerida a las Entidades Federativas”, de todo lo cual dice advertir numerosas irregularidades históricas en el ejercicio del gasto de los OPLEs, el INE y el IFE.
A manera de colofón, la ASF declara que “realiza estas acciones en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”.
Sin embargo, hasta donde se alcanza a ver, lo anterior carece de asidero jurídico. No porque se esté precisamente en contra de esas “líneas de trabajo”, sino por no contar éstas con fundamento constitucional ni legal.
Veamos: Establece la Constitución en el artículo 74, fracción VI, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “revisar la cuenta pública del año anterior”, tarea conocida como fiscalización superior, que “realizará … (la Cámara) … a través de la Auditoría Superior de la Federación”.
A su vez, el artículo 79 constitucional dice que “La ASF de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones”. Asimismo, que “la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”.
Por las “líneas de trabajo” que ahora dice desarrollar, obviamente por órdenes implícitas que recibe, por señales que le envían e interpreta de manera “políticamente correcta” o por una especie de franco reflejo condicionado, tanto la definición constitucional de la ASF como los principios que la deben regir, quedan hechos añicos.
“La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la ASF –dispone el artículo 6 de la ‘Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación’— se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditorías está aprobado y publicado”.
Lo anterior significa que la función fiscalizadora superior queda constreñida a un ejercicio anual ya concluído. No puede revisar ni el año en curso ni las Cuentas Públicas de años anteriores. En esto la Constitución y la ley de la materia son celosas en extremo. Es cierto que la Carta Magna –artículo 79, fracción I— abre la posibilidad de solicitar información de años anteriores, “sin que por tal motivo se entienda, para todos los efectos legales” abiertas nuevamente las respectivas Cuentas Públicas.
¿De dónde saca la ASF que cuenta con atribuciones para realizar “investigaciones de oficio” sobre supuestas irregularidades de años anteriores, o para llevar a cabo “estudios históricos” o emprender “trabajos de inteligencia? ¿cuáles son los respectivos fundamentos? ¿dónde quedan los principios de legalidad y definitividad que deben regir su funcionamiento? ¿qué opina acerca de la prescripción que opera a los 7 años, según establece el artículo 78 de la ley?
Sobre este espinoso caso, quedan muchas interrogantes en el tintero. La pregunta de fondo es: ¿por qué se involucra con forceps a la ASF en este asunto y no directamente a la Fiscalía General de la República, como realmente corresponde? ¿Será acaso por el desprestigio que ésta arrastra? ¿Pretenden acaso que la ASF se contamine de lo mismo? No se vale.
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