— Mario Maldonado 09/11/2026
Los cargos contra Andrew Clark fueron leídos en inglés y español ante Luis Benítez Alcántara. El canadiense comparecía ante el juez mexicano que conducía su extradición a Estados Unidos. Aquel momento quedó asentado en la acusación que ahora enfrenta el juzgador. El gobierno de Estados Unidos sostiene que conocía los delitos atribuidos a Clark y aun así aceptó sobornos millonarios para dejarlo libre.
Benítez fue detenido el 1 de noviembre en Colombia. El Departamento de Justicia anunció cuatro días después que buscaría extraditarlo por nueve cargos de encubrimiento posterior al delito. Lo acusa de cobrar dos millones de dólares para liberar al segundo de Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense señalado como jefe de una organización de tráfico de cocaína. La investigación estuvo a cargo del FBI, con autoridades de otros países.
La acusación describe meses de negociaciones. Clark había sido detenido en Guadalajara en octubre de 2024 y, mientras se tramitaba su entrega, envió 2.75 millones de dólares en pagos pequeños a intermediarios. Entre diciembre y enero se pactó el pago de dos millones en efectivo a Benítez. Según la acusación, el 24 de febrero de 2025 recibió el soborno completo y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación.
La versión pública oculta los nombres de los intermediarios que aparecen entre las entregas fraccionadas de dinero y el acuerdo atribuido al juez. La identidad de quienes habrían negociado aquella libertad permanece reservada.La libertad de Clark duró unos días. Fue recapturado y enviado a Estados Unidos. Benítez enfrenta ahora su propio procedimiento desde Colombia. Su abogado, Miguel González Sánchez, sostiene que actuó conforme a derecho y reclama que cualquier responsabilidad se determine en México.
Benítez era juez federal en el Reclusorio Sur. No llegó al cargo mediante la elección de 2025. El 14 de junio de 2024, meses antes del presunto soborno, su nombre apareció en el Diario Oficial entre once jueces cuyos procedimientos de ratificación habían comenzado.Tras conocerse la captura, el Tribunal de Disciplina Judicial informó que Benítez tenía cuatro investigaciones administrativas por quejas relacionadas con su actuación. Precisó que eran distintas al caso estadounidense y que desconocía los hechos que motivaron la detención. Abrió entonces una investigación de oficio. La acusación estadounidense había sido presentada desde el 4 de septiembre. Por el escritorio de Benítez habían pasado varios expedientes explosivos. En abril de 2023 ordenó a la FGR tramitar la denuncia de Carlos Treviño contra Emilio Lozoya por presunta falsedad de declaraciones. Treviño, también exdirector de Pemex, había cuestionado las acusaciones de su antecesor relacionadas con Braskem. La Fiscalía incorporó su escrito a otra investigación, pero el juez dispuso que atendiera la denuncia.
También intervino en la Estafa Maestra. El proceso contra José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, involucraba un convenio de más de 77 millones de pesos con Sedatu. En enero de 2025 rechazó un procedimiento abreviado ante el desacuerdo por la reparación del daño.Un año antes había absuelto a Juan Carlos García Rivera en el juicio por espionaje con Pegasus contra la periodista Carmen Aristegui. Consideró acreditado que el teléfono de la periodista fue intervenido entre 2015 y 2016, pero insuficientes las pruebas sobre la responsabilidad del acusado. Y en septiembre de 2025 negó una orden de captura contra Víctor Manuel Álvarez Puga por defraudación fiscal porque la FGR no acreditó la necesidad de cautela.
El caso pone en entredicho los controles del antiguo Consejo de la Judicatura Federal. Benítez no llegó por la elección judicial, pero la polémica reforma tampoco basta para garantizar que se detecte y sancione a quienes venden resoluciones o responden a consignas. El Tribunal de Disciplina tenía cuatro investigaciones por otros asuntos y desconocía el presunto soborno que llevó a su captura. La revisión debe alcanzar a los mecanismos de vigilancia y a las posibles redes de intermediarios dentro del Poder Judicial. Además es una alerta grave para México. EU está demostrando que sus investigaciones van contra criminales y contra los funcionarios que los protegen, sean políticos, gobernantes, jueces o magistrados.
Posdata
La captura de Rafael Álvarez Ayala, “R2”, ligado al CJNG, tuvo un reconocimiento público de ambos lados de la frontera por el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos. Omar García Harfuch informó que el Centro Nacional de Inteligencia y la DEA aportaron información para localizar al presunto mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Jalisco y Michoacán. La Marina encabezó el operativo en Zapopan, junto con la Secretaría de Seguridad y con apoyo de fuerzas especiales del Ejército. Hubo otros 19 detenidos y un enfrentamiento en el que resultaron heridos el sospechoso y un marino.
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