— Agencias 09/11/2026
Una empresa mexicana —la cual ha enfrentado procesos de inhabilitación por irregularidades en contratos con el Gobierno federal— busca adjudicarse una millonaria licitación para un servicio de seguridad y vigilancia en la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz.
Se trata de la compañía Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V. —que ha enfrentado procedimientos de inhabilitación en el IMSS, INAH y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)—, la cual pretende allegarse un contrato que rondaría los 600 millones de pesos.
De acuerdo con documentos oficiales, el grupo empresarial —que se convirtió en los últimos siete años en la favorita del gobierno mexicano al obtener contratos por más de 13 mil millones de pesos— se inscribió en la licitación pública electrónica de carácter nacional No. LA-13-J3E-013J3E001-N-165-2026.
La licitación es para el "Servicio de vigilancia para el edificio administrativo y áreas operativas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz S.A. de C.V.", que busca protección para el edificio administrativo y áreas operativas del recinto portuario, que incluyen accesos, muelles, bahías, almacenes, vialidades y zonas de atención al transporte.
El anexo técnico de la licitación pública establece que el servicio requiere de una plantilla de 652 personas: 55 destinadas al edificio administrativo y 597 para las áreas operativas del puerto.
El tipo de vigilancia solicitado va más allá de la presencia de guardias en los accesos, pues la ASIPONA requiere personal para realizar recorridos de supervisión, controlar entradas y salidas, revisar a visitantes y tripulantes, operar equipos de rayos X y arcos detectores de metales, así como efectuar patrullajes terrestres y marítimos.
Sin embargo, la compañía—cuya principal accionista es una mujer de 90 años que vive en un modesto apartamento ubicado arriba de una tienda de abarrotes y un depósito de cerveza en Jiutepec, Morelos— ha enfrentado diversos procedimientos sancionadores e inhabilitaciones.
Uno de los casos corresponde al AICM, donde su Órgano Interno de Control (OIC) ordenó reponer los fallos de dos licitaciones en las que Pryse y empresas aliadas cobraban más de 700 millones de pesos, mientras que otra compañía ofrecía los mismos servicios por 593 millones de pesos, una diferencia cercana a los 300 millones.
El expediente SAN/015/2025 documentó las irregularidades detectadas durante las auditorías y derivó en la inhabilitación de Pryse por 12 meses a partir de septiembre de 2025.
Sin embargo, la compañía decidió pelear la sanción y consiguió -el 8 de diciembre de ese año-, que el titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, concediera una suspensión definitiva por la inhabilitación relacionada con el IMSS.
La resolución judicial permitió la participación de la compañía en contrataciones públicas: el 19 de diciembre, apenas un día después de la publicación del fallo, se realizó la apertura de propuestas de la licitación LA-50-GYR-050GYR019-N-213-2025, correspondiente a servicios de seguridad para el sector salud.
Una semana después, el 26 de diciembre, Pryse obtuvo la adjudicación de ese procedimiento por mil 334 millones 424 mil 383 pesos, IVA incluido, mediante una propuesta conjunta con Protección, Resguardo y Servicios Empresariales S.A. de C.V. y Multisistemas Uribe S.A. de C.V.
En tanto, los recursos judiciales promovidos por Pryse, correspondientes a dos expedientes más relacionados con sus procedimientos sancionatorios e inhabilitaciones, fueron turnados al mismo juez, Gabriel Regis López.
El primero corresponde a la impugnación de la inhabilitación relacionada con el IMSS, en la que el juzgador concedió dos suspensiones definitivas para detener temporalmente la ejecución de las sanciones.
El segundo, el amparo 435/2026, está vinculado con la resolución del Órgano Interno de Control del AICM que ordenó reponer dos procedimientos de contratación pública, después de las irregularidades detectadas en las licitaciones en las que participaron Pryse y sus empresas aliadas.
Finalmente, el pasado 22 de mayo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de un año y la multa de 701 mil pesos contra la empresa; a pesar de ello, la compañía se inscribió en la licitación emitida por la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz.
Instala la nueva aplicación de El Tiempo MX