— Mario Maldonado 06/11/2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por seis votos contra tres el reparto de regidurías que impulsó Alejandro Armenta para Puebla capital. El gobernador consiguió que el Congreso aprobara una fórmula que entregaba al ganador de la elección 13 de los 17 lugares del cabildo. La defendieron en el Pleno Lenia Batres, María Estela Ríos e Irving Espinosa, pero no les alcanzó. El fallo corrige las reglas para 2027 y muestra que en la Corte ya se pueden reunir los seis votos necesarios para echar abajo al llamado “bloque radical”.
Armenta tenía que ajustar el cabildo al máximo federal de 15 regidurías y propuso quitar cinco lugares a la planilla ganadora y tres a las fuerzas minoritarias. Visto así, parecía que el mayor recorte recaía sobre quien ganara la elección, pero no ese no era el trasfondo. Las regidurías de mayoría pasaban de 16 a 11, una caída de 31.25%, mientras que las plurinominales bajaban de siete a cuatro, una reducción de 42.86%. Con la presidencia municipal y la sindicatura, el ganador pasaba de controlar 72% del cabildo a 76.47%.
Esa fue la aportación de Armenta a la reforma. El tope de 15 venía de la Constitución federal. El reparto de 11 y cuatro salió de su iniciativa y lo aprobó el Congreso poblano. El gobernador aprovechó una obligación de reducir cargos para proponer que la oposición pesara menos en el cabildo. El PAN impugnó la fórmula y la Corte fijó para la próxima elección 10 regidurías de mayoría y cinco plurinominales. Quien gane la alcaldía tendrá 12 de los 17 votos.
El caso de Puebla devuelve a la discusión un debate que el oficialismo dio por resuelto en 2024. Morena, el Verde y el PT obtuvieron en San Lázaro más de dos tercios de las curules con una proporción de votos considerablemente menor. El INE —de Guadalupe Taddei— aplicó el límite de sobrerrepresentación por partido y el Tribunal Electoral confirmó la asignación. El reparto federal quedó firme. Para las siguientes elecciones, el caso poblano ofrece un argumento que merece discutirse cuando se revisen las reglas de representación.
En el Pleno de la Corte, María Estela Ríos sostuvo que fijar el reparto correspondía al Congreso poblano y que la Corte invadiría sus atribuciones. ILenia Batres consideró arbitrario invalidar la fórmula sin que la Constitución estableciera un equilibrio porcentual para los municipios. El bloque disidente defendió la facultad del legislador para elegir la proporción. La pregunta que dejó sin resolver fue por qué el Congreso necesitaba cargarles a las minorías un recorte mayor para cumplir el mismo tope.
El ministro ponente, Arístides Guerrero, puso sobre la mesa ese efecto. Por su parte, Yasmín Esquivel llevó la cuenta hasta los votos del cabildo, con alcalde y síndico incluidos. Era la manera de medir cuánto poder entregaba en realidad la fórmula. Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, respaldó la invalidez y trajo a la discusión la relación de 60 a 40 entre diputaciones de mayoría y plurinominales como referencia para examinar el equilibrio. La solución para Puebla se apoyó en su propio reparto anterior y en el límite de 15 regidurías.
La votación también sirvió para ilustrar cómo están las cosas al interior de la Corte. Batres, Ríos y Espinosa coincidieron otra vez en un asunto con consecuencias políticas. Aguilar y Esquivel, en cambio, acompañaron a Guerrero en un fallo adverso a un gobernador de Morena. Seis votos bastan para invalidar una norma en una acción de inconstitucionalidad. Si las razones que sostienen la decisión reúnen ese mismo respaldo, pueden convertirse en precedente obligatorio para los tribunales. El fallo de Puebla también aporta argumentos al debate sobre la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
Posdata
Para Omar García Harfuch, el operativo de este jueves tiene un significado personal. Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, señalado por las investigaciones como presunto autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, murió en un enfrentamiento con fuerzas federales en el Estado de México. Según el secretario de Seguridad, los agentes fueron atacados cuando buscaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada y repelieron la agresión.
Milton era uno de sus principales colaboradores, un hombre de absoluta confianza y su amigo. Habían trabajado juntos en la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal y en la policía capitalina, donde Morales fue una pieza central de las investigaciones contra el crimen organizado. Su asesinato, el 21 de julio de 2024 en Coacalco, golpeó directamente al equipo de Harfuch. Entonces lo despidió como un “extraordinario investigador” y, “sobre todo, gran amigo”, con el compromiso público de encontrar a los responsables.
Más de dos años después, las investigaciones llevaron hasta el fundador del Cártel Nuevo Imperio, con operaciones en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Su expediente incluía investigaciones por secuestro, extorsión, homicidio, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, el Departamento del Tesoro estadounidense lo había sancionado por brindar protección a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos de esa organización criminal.
“No olvidamos a Milton”, escribió el secretario al informar del operativo. La frase recupera el compromiso con un policía cuyo trabajo conocía y con un amigo cuya ausencia sigue presente en su equipo. Se dio un paso relevante para hacer justicia por su asesinato, aunque el propio Harfuch dejó claro que el caso sigue abierto: honrar su memoria exige llevar ante la justicia a todos los responsables. Ese es el compromiso que todavía debe cumplirse por completo.
Instala la nueva aplicación de El Tiempo MX