— Agencias 05/11/2026
José Alfredo Hernández buscó conocer si existían órdenes de aprehensión en su contra, luego de que agentes de la FGR acudieran a su domicilio.
José Alfredo Hernández Casillas, propietario de Cajas Graf y contratista relacionado con Guadalupe Taddei Zavala, promovió un amparo buscador para conocer si existían órdenes de aprehensión en su contra y evitar su ejecución.
El contratista solicitó protección de la justicia federal
En febrero, Hernández Casillas presentó un juicio de amparo ante un juzgado en Materia Penal de la Ciudad de México, con el propósito de conocer si jueces federales de la capital del país y del Estado de México habían librado órdenes de aprehensión en su contra.
La solicitud ocurrió después de que, en enero de este año, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a su domicilio para detenerlo, situación que habría generado preocupación sobre su situación judicial.
Un día después de presentar el recurso, una jueza federal le concedió una suspensión provisional para evitar que fuera detenido y estableció una garantía de 6 mil 500 pesos.
Sin embargo, posteriormente le negó la suspensión definitiva, luego de determinar que no existía un mandamiento judicial en su contra, según los informes rendidos por las autoridades señaladas.
Jueza sobresee el juicio de amparo
El 27 de abril, la jueza emitió una resolución en la que determinó sobreseer el juicio de amparo promovido por José Alfredo Hernández Casillas.
La decisión se sustentó en que las autoridades responsables manifestaron, al rendir sus informes justificados, que no eran ciertos los actos que se les atribuían. Además, la parte quejosa no presentó pruebas para desvirtuar esas declaraciones.
En la resolución, la juzgadora estableció:
“No son ciertos los actos que se atribuyeron a las restantes autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba que desvirtúe tal negativa. Por tanto, debido a la inexistencia de las referidas autoridades y de los actos reclamados de las restantes responsables, se sobresee en el juicio de amparo”.
Al no impugnar la resolución, el 21 de mayo la impartidora de justicia ordenó archivar el expediente, proceso que se concretó en junio de este año.
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