— Agencias 05/11/2026
Una investigación presentada por Raquel Buenrostro expuso cómo empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas habrían obtenido contratos electorales mediante presunta simulación de competencia.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó detalles de una red empresarial relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyas compañías obtuvieron contratos por más de 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023 en 23 organismos públicos locales electorales (OPLE). Según la investigación, el mecanismo habría consistido en simular competencia entre empresas vinculadas para favorecer determinadas adjudicaciones.
¿Cómo operaban los hermanos Hernández Casillas para obtener contratos electorales?
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre de 2026, Raquel Buenrostro explicó que la investigación se realizó mediante consultas a fuentes abiertas, entre ellas la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de CompraNet.
De acuerdo con la funcionaria, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas compartían domicilios, números telefónicos, representantes legales y vínculos entre sus integrantes, aunque se presentaban como compañías independientes en procedimientos de contratación pública.
Uno de los mecanismos identificados habría sido la simulación de competencia en licitaciones, mediante la participación de varias empresas relacionadas entre sí que presentaban propuestas económicas previamente coordinadas.
El objetivo presunto era que una compañía determinada obtuviera el contrato, mientras las demás participaban para aparentar que existía competencia real entre distintos proveedores.
Buenrostro también señaló que algunas de estas empresas no reportaban empleados ni contaban con capacidad técnica suficiente para realizar los trabajos o suministrar los materiales contratados.
La red empresarial habría acumulado contratos por más de 2 mil millones de pesos
Según los datos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 organismos públicos locales electorales otorgaron contratos a compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas por un monto de 2 mil 94 millones de pesos.
Entre las empresas identificadas en la investigación se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
La investigación también documentó que las contrataciones continuaron durante 2024 y 2025, periodo en el que las compañías habrían obtenido otros 646.3 millones de pesos mediante contratos con 15 organismos electorales estatales.
Con ambos periodos, el monto identificado asciende a aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos. La dependencia advirtió que las cifras son preliminares y podrían modificarse conforme avancen las revisiones.
Simulación de licitaciones: el mecanismo para repartir contratos
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la presunta coordinación entre empresas que participaban en los mismos concursos públicos.
Según Buenrostro, las compañías presentaban diferentes propuestas económicas, identificadas mediante distintos precios, para simular una competencia entre proveedores. Sin embargo, presuntamente existían acuerdos previos para determinar cuál de ellas obtendría la adjudicación.
Este mecanismo habría permitido que las empresas vinculadas participaran como competidoras aparentes, aunque compartieran representantes, relaciones familiares y otros elementos de operación.
La funcionaria explicó que esta estructura dificultaba identificar los vínculos entre los proveedores y conocer quiénes eran los verdaderos beneficiarios de los recursos públicos.
Empresas sin empleados y presuntos prestanombres
Otro de los hallazgos expuestos por la secretaria fue la identificación de compañías que presuntamente carecían de infraestructura, personal registrado o capacidad técnica para cumplir con los servicios contratados.
Buenrostro también describió posibles mecanismos para ocultar a los beneficiarios finales mediante operaciones financieras entre distintas empresas.
Según explicó, los recursos podían recibirse en una compañía y posteriormente distribuirse entre otras sociedades, dificultando el rastreo del destino final del dinero.
La funcionaria señaló que en estas operaciones aparecieron personas de distintas edades, incluidos adultos mayores de 96 años y jóvenes de 18 años, quienes presuntamente pudieron haber sido utilizados como prestanombres o víctimas de robo de identidad.
Sobre este mecanismo, declaró:
"Las empresas no declaran empleados, no declaran capacidad técnica, muchas de las empresas tienen en la misma dirección, el mismo teléfono, son empresas como fantasma".
La investigación también identificó posibles operaciones relacionadas con empresas factureras y movimientos financieros que podrían constituir lavado de dinero, aspectos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
¿En qué estados obtuvieron contratos los hermanos Hernández Casillas?
La investigación presentada por Buenrostro identificó adjudicaciones en diferentes entidades del país, entre ellas Veracruz, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo y Zacatecas.
Entre los montos destacados correspondientes al periodo de 2014 a 2023 se encuentran 570.4 millones de pesos en Veracruz, 314.2 millones en Nuevo León y 203.6 millones en Hidalgo.
Las cifras muestran la presencia de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas en distintos organismos electorales estatales.
La revisión también contempla la evolución de las contrataciones y la participación de las compañías en diferentes procedimientos de adquisición de material electoral.
Investigación apunta a contratos durante varias administraciones
La secretaria explicó que los antecedentes de esta estructura empresarial se remontan a finales de la década de 1980, cuando los hermanos Hernández Casillas tuvieron participación en dependencias del Gobierno federal.
Posteriormente, comenzaron a desarrollar actividades empresariales y a participar como proveedores de material electoral en el Estado de México.
Uno de los antecedentes señalados fue el contrato de 63.7 millones de pesos otorgado a Cartonera Plástica en 2005 por el Instituto Electoral del Estado de México, operación que generó cuestionamientos y derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
La investigación sostiene que la red empresarial continuó diversificándose y obtuvo nuevas adjudicaciones después de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE asumió facultades relacionadas con la designación de consejeros de los organismos electorales locales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que los resultados presentados forman parte de una revisión más amplia, cuyos hallazgos podrían ampliarse conforme avancen las auditorías y las investigaciones correspondientes.
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