— Mario Maldonado 03/11/2026
El manejo de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, propiedad exclusiva del gobierno federal, permanece lejos de la atención pública, pero es muy importante. ProceSAR, la empresa encargada de operarla, prepara una contratación tecnológica vinculada con los registros de millones de trabajadores. La novedad es que se abrió un concurso por invitación para renovar servicios, con KIO y Kyndryl como las empresas con mayores posibilidades de obtener el negocio.
El director de ProceSAR, Jaime Díaz Tinoco, es el responsable del procedimiento. La contratación está bajo escrutinio y pone bajo los reflectores también a la Consar, a cargo de Julio César Cervantes, por el alcance del servicio, los criterios para elegir al proveedor y los controles sobre la información que estará a su cargo.
Detrás del estado de cuenta que recibe un trabajador existe una infraestructura que permite identificarlo, localizar sus recursos y tramitar movimientos dentro del sistema de pensiones. ProceSAR participa en esos procesos. Su nombre aparece mucho menos que el de las Afores, pero su operación resulta indispensable para conectar registros y hacer fluir información entre los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
La relación con KIO tiene antecedentes públicos. En septiembre de 2020, Luis González, entonces director financiero de ProceSAR, participó en un encuentro organizado por esa compañía. Una publicación sobre el evento recogió su explicación de los servicios recibidos. Incluían identificar necesidades de infraestructura y servicios administrados, además de implementar el monitoreo y la administración de ciberseguridad.
Ese antecedente permite entender por qué la elección del proveedor requiere escrutinio. Hay conocimiento acumulado de los sistemas, así como de personal que interviene en su funcionamiento y obligaciones de continuidad.
Un cambio exige una transición que preserve la operación y mantenga bajo control los accesos a la información, pero que, sobre todo, sea transparente.
El mapa empresarial también cambió. En 2021, I Squared Capital, una gestora estadounidense de inversiones en infraestructura con sede en Miami, adquirió KIO Networks a través de dos de sus fondos. Fundada en 2012 por Sadek Wahba, la firma invierte en energía, transporte, servicios públicos e infraestructura digital. La compañía que surgió en México quedó así bajo el control de fondos de un inversionista global, con intereses en centros de datos y redes de telecomunicaciones en distintos países.
En el concurso participaría también Kyndryl, compañía estadounidense surgida en 2021 de la separación del negocio de servicios de infraestructura de IBM. Su origen extranjero plantea preguntas sobre la jurisdicción de los contratos y la ubicación de los datos.
La relevancia de los sistemas de ProceSAR se ha visto en operaciones concretas. En 2024, la Consar explicó que recurría a historiales del IMSS y a sistemas de la operadora para validar salarios en retiros por desempleo. Buscaba frenar las maniobras de gestores que elevaban artificialmente el salario de los trabajadores para obtener un retiro mayor. ProceSAR intervenía en la verificación de esos registros.
La infraestructura tecnológica, por tanto, tiene efectos sobre trámites que impactan al SAR. Una interrupción un acceso indebido pueden afectar procesos del sistema.
La Consar reportó 70 millones 555 mil cuentas al cierre de septiembre de 2026, excluyendo cuentas inhabilitadas. La Ley del SAR declara de interés público la operación de esta base y establece que se presta mediante una concesión.
ProceSAR debe explicar qué servicio está renovando y cómo seleccionará al proveedor. Las Afores tienen razones operativas para conocer esas condiciones, y la Consar, facultades para vigilar una infraestructura que sostiene trámites de millones de trabajadores.
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