— Agencias 31/10/2026
El organismo electoral también enfrenta inconformidades por el nombramiento de la titular de la Defensoría de los Derechos Político-Electorales.
Tres empresas que aparecen en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtuvieron contratos por alrededor de 58 millones de pesos para suministrar material electoral al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) durante los procesos de 2018, 2021 y 2024.
Las compañías señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Comercializadora JVLY, que también aparecen en revisiones relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Empresas investigadas obtuvieron contratos del IEPAC
Las tres compañías fueron proveedoras del organismo electoral yucateco, encabezado por Moisés Bates Aguilar, durante tres procesos electorales, por un monto cercano a 58 millones de pesos.
De acuerdo con la información, las empresas aparecen en revisiones de la ASF relacionadas con contratos del INE. Además, Cajas Graf y Formas Finas figuran entre las compañías vinculadas a una investigación de la UIF por una presunta simulación de competencia.
IEPAC prepara presupuesto para las elecciones de 2027
Mientras se revisan las asignaciones anteriores, el IEPAC prepara el presupuesto que solicitará para los comicios del 6 de junio de 2027.
El organismo pidió 631.5 millones de pesos para el próximo año, aunque todavía no ha licitado la adquisición del material electoral que se utilizará durante las elecciones.
Por otra parte, el INE en Yucatán no licitó contratos de obra o adquisiciones durante el periodo de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei al frente del organismo, debido a que esas asignaciones se realizaban desde las oficinas centrales.
Protestan por designación de titular de la Defensoría Electoral
El IEPAC también enfrenta inconformidades por el nombramiento de Citlali Leticia Chan Carrillo como titular de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de Yucatán.
Representantes indígenas, encabezados por Juan Alberto Baas Tec, protestaron ante las instalaciones del organismo y cuestionaron la designación, aprobada por el Consejo General el pasado 29 de octubre.
Los manifestantes señalaron que la nueva titular entiende la lengua maya, pero no la habla ni la escribe, por lo que consideran que no cuenta con las condiciones necesarias para atender directamente a las comunidades originarias.“Una defensoría que no habla maya es una defensoría muda para el pueblo maya”, expresó Baas Tec.
El representante recordó que la creación de esta instancia fue resultado de más de tres años de gestiones y recursos legales promovidos por ciudadanos indígenas. Añadió que desde 2024 presentaron solicitudes ante el IEPAC para que se instalara y garantizara su funcionamiento.
Entre sus exigencias, los inconformes pidieron que la defensoría cuente con personal jurídico que hable maya, que se establezca un comité de vigilancia ciudadana indígena y que se investigue cualquier posible acto de discriminación durante el proceso de selección.
Sobre la posibilidad de impugnar el nombramiento, Baas Tec indicó que analizarán los siguientes pasos, aunque advirtió que estarán pendientes del desempeño de la nueva titular.
También solicitaron al Tribunal Electoral del Estado resolver sus demandas y al Congreso local y al Gobierno estatal garantizar los recursos necesarios para que la defensoría opere conforme a la ley.
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