Humanos estos servicios a favor de la comunidad[/quote]
REDACCIÓN/EL TIEMPO
El Diputado Federal por Coahuila, Armando Luna Canales, presentó una iniciativa de reforma que tiene como objetivo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice, de manera anual, un Diagnóstico sobre los servicios de defensoría pública que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) dependiente del Consejo de la Judicatura Federal.
La iniciativa que fue respaldada por legisladores de otros partidos políticos, señala que los servicios de defensoría son, para un amplio sector de la población, el único medio de defenderse y acceder a la justicia, por lo que, en consecuencia, es prioritario que se garantice que tales servicios sean eficientes y de calidad, tal como lo establece la Constitución.
El legislador Armando Luna Canales reconoce la ardua labor que realizan los defensores de oficio y relata algunos de los obstáculos a los que deben hacer frente en el desempeño de su labor, como lo es, por ejemplo, la poca cantidad de defensores y la excesiva carga de trabajo que a los mismos corresponde atender.
Por lo anterior, el Diputado coahuilense por el PRI propone que, de manera anual, la CNDH elabore un diagnóstico que permita conocer con certeza la situación imperante en la prestación de los servicios de defensoría pública, a fin de que una vez evaluados, puedan proponerse y tomarse diversas estrategias y acciones que, a su vez, posibiliten mejorar el servicio de defensoría pública.
De la misma manera, propone que el diagnóstico sea realizado por la CNDH, al ser un órgano autónomo y externo que garantizará una mejor evaluación con una visión objetiva e imparcial.
Adicionalmente, señala que la CNDH además de contar con un amplio índice de confianza ciudadana, también posee una amplia experiencia en la elaboración de diagnósticos e informes sobre otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos a cargo de distintas autoridades.
Por lo anterior, su iniciativa presenta una propuesta que, de ser aprobada en el ámbito federal, eventualmente pudiera ser replicada en los estados a fin de optimizar los servicios de defensoría pública de los diferentes órdenes de gobierno.