ASF pone bajo la lupa contratos del INE que superan los 8 mil millones de pesos

— Agencias 30/10/2026

Dos grupos empresariales acumularon operaciones millonarias con entidades públicas durante más de una década.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de detectar que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones fueron ejercidos por organismos electorales locales.

ASF investiga posibles irregularidades en el INE

El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó sobre los avances de las investigaciones durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, donde presentó la segunda entrega de los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025.

Este 30 de octubre de 2026, el auditor explicó que la dependencia inició una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en el organismo electoral, tras el escándalo relacionado con presuntos actos de corrupción y conflictos de interés entre la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y proveedores del INE.

Las indagatorias comprenden a los organismos públicos locales electorales, empresas proveedoras y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

Para avanzar en las investigaciones, la ASF realizó requerimientos de información al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), con el propósito de identificar el origen de las posibles conductas irregulares.

Contratos de grupos empresariales suman 8 mil 870 millones de pesos

De acuerdo con Hernández Palacios Cardel, los trabajos de inteligencia permitieron identificar que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.

De esa cantidad, 3 mil 790 millones de pesos correspondieron a operaciones realizadas por organismos electorales locales.

El auditor también expuso distintos mecanismos detectados durante la revisión de los proveedores que ofrecen servicios al INE, entre ellos operaciones entre empresas relacionadas, subcontrataciones y posibles irregularidades en la competencia por contratos públicos.

ASF identifica posibles irregularidades entre proveedores

Entre los hallazgos, se identificaron proveedores de una empresa analizada que trabajaron con compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntos vínculos con factureras.

Estas operaciones representaron 21.3 millones de pesos. Además, otra de las empresas revisadas se encuentra suspendida del padrón de importadores.

Hernández Palacios Cardel también señaló operaciones entre sociedades pertenecientes a los mismos grupos empresariales. Explicó que una de las prácticas detectadas consiste en la subcontratación por parte de una empresa adjudicada, mientras que el proveedor subcontratado también habría participado en los concursos públicos.

Detectan empresas con cientos de millones facturados y pocos trabajadores

Otra de las líneas de investigación está relacionada con posibles empresas fantasma, caracterizadas por tener registros laborales reducidos o inexistentes.

El auditor explicó que algunas de estas compañías, pese a facturar cientos de millones de pesos, cuentan con menos de cinco trabajadores o incluso ninguno.

Asimismo, mencionó posibles prácticas de competencia desleal que estarían relacionadas con la adjudicación de contratos, lo que podría afectar los precios y las condiciones de las operaciones, en perjuicio del patrimonio público.

ASF identifica vínculos entre empresas y funcionarios

Sobre las investigaciones periodísticas que señalaron una presunta relación cercana entre empresarios proveedores y Guadalupe Taddei, el auditor confirmó que se identificaron redes de vínculos entre los grupos empresariales y funcionarios públicos.

“Identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, expresó.

Hasta el momento, la entidad fiscalizadora no ha mencionado directamente el nombre de la exconsejera presidenta al informar sobre estas líneas de investigación.

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