— Juan Antonio García Villa 29/10/2026
Hace alrededor de tres décadas, un par de teóricos alemanes plantearon que los países emergentes, ordinariamente sometidos a regímenes autoritarios, sólo podrían transitar hacia un sistema democrático, verificable de inicio en el terreno electoral, si al menos se cumplen tres prerrequisitos básicos. Conocidos cuáles son éstos, tiene sentido tal planteamiento.
Proponen que la implantación de un sistema democrático sólo es posible si quienes integran la sociedad tiene un cierto grado de escolaridad, un determinado nivel de ingreso personal, así como instituciones maduras de corte democrático, plenamente vigentes durante un cierto periodo.
Ese trío de requisitos son llamados “los tres quince de la democracia”, por lo siguiente: 1. Quince grados de escolaridad mínima de los votantes, 2. Un piso de al menos quince mil dólares de ingreso anual por habitante, y 3. Funcionamiento debidamente consolidado, durante al menos quince años consecutivos, de las instituciones de corte democrático, responsables de los procesos electorales.
Lo anterior significa que el ciudadano, en cuanto votante, ha de tener una formación escolar suficiente que le permita no sólo estar debidamente informado acerca de lo que sucede en el ámbito público y capacidad de discernimiento, para formarse su propio criterio en torno a las políticas públicas. De no ser así, el ciudadano será susceptible de ser manipulado en tanto elector.
Igual y aun mayor será su vulnerabilidad si el votante depende, en mayor o menor medida, de programas gubernamentales de corte clientelar consistentes en dádivas. Programas éstos de diseño francamente perverso, de tal manera que quienes reciben los apoyos se ven obligados –consciente o inconscientemente— a demostrar gratitud política a la hora de emitir su voto. ¿Le suena al lector la frase aquella de: “amor con amor se paga”?
En los últimos años, cuando menos en los cinco más recientes, claramente se ha observado que los llamados programas sociales del gobierno morenista, sin reglas de operación, sin controles adecuados, sin una correcta focalización, han jugado en materia de control político electoral, un papel capital de 2021 a la fecha. ¿Habrá alguien que lo dude?
Y no termina ahí todo, porque dichos programas tienen además un cierto efecto multiplicador, al haber sido diseñados para comprometer no sólo a quienes directamente reciben las dádivas, sino también a otros miembros de la familia.
Por cuanto hace al otro requisito del trío, la cuestión adquiere ahora tintes de gravedad no vista en los últimos treinta años. Desde que el actual grupo en el poder tomó control de las cosas, por la artificial mayoría calificada obtenida en la Cámara de Diputados de manera ilegal y arbitraria, dio inicio el proceso de apoderamiento del Instituto Nacional Electoral.
Primero a través de su sistemática colonización, hasta llegar a su control absoluto. Luego, como ahora ha quedado plenamente al descubierto, a una corrupción brutal que no tiene precedente. Que ha venido a manifestarse no sólo en una rapiña de campeonato, sino en el desmantelamiento del Instituto que, entre otras pérdidas, ha sufrido el de su servicio profesional. Credibilidad, prestigio, organización, están ahora por los suelos. El derrumbamiento del tercer requisito de la democracia, no augura nada bueno.
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