OIC del INE identificó ingresos no declarados por hasta 5.6 millones de pesos

— Agencias 27/10/2026

Auditorías internas del INE detectaron depósitos de proveedores a funcionarios, participaciones empresariales no declaradas e ingresos omitidos por hasta 5.6 millones de pesos, según su contralor.

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó posibles irregularidades patrimoniales, depósitos bancarios relacionados con proveedores y omisiones en declaraciones de servidores públicos, informó su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, el 9 de septiembre ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la información publicada, las investigaciones llevan más de seis meses y, hasta el momento referido en el reporte, no se habían presentado las denuncias correspondientes.

Qué irregularidades detectó la Contraloría del INE

Durante la presentación del Informe Previo de Gestión y Resultados 2026, Carvente Contreras expuso que las revisiones internas identificaron depósitos bancarios provenientes de personas que habían prestado servicios al INE, así como servidores públicos que no reportaron su participación accionaria en empresas.

El funcionario también informó sobre omisiones en el registro de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales. Los hallazgos, según el reporte, incluyen posibles conflictos de interés y movimientos financieros que requieren investigación.

Las revelaciones se producen en el contexto de otras revisiones sobre contratos del instituto. Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), citada en la publicación, identificó 57 personas físicas que obtuvieron contratos del INE mientras se desempeñaban como funcionarios activos.

Los datos reportados describen posibles irregularidades, pero no acreditan por sí mismos responsabilidades administrativas o penales individuales.

Sanciones reportadas durante el primer semestre de 2026

Carvente Contreras informó que, durante los primeros seis meses de 2026, el órgano de control sancionó a seis servidores públicos, con multas que alcanzaron los 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años.

Entre las conductas sancionadas mencionó la presentación de documentación falsa por particulares o personas morales, el abuso de funciones y el nepotismo.

En la reunión legislativa, que se prolongó por más de dos horas, el contralor también presentó un balance sobre eficiencia administrativa, austeridad y finanzas del instituto. Entre los resultados que expuso estuvieron la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso y un ahorro de 131 mil 144 pesos por medidas de austeridad en viáticos de fin de año.

El OIC señala limitaciones para acceder a información fiscal y bancaria

Durante su comparecencia, el titular del órgano de control solicitó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Carvente sostuvo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) limita el acceso del OIC a información fiscal y bancaria de altos funcionarios del INE, debido a que esa facultad estaría reservada a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Según explicó, la falta de convenios para cruzar información representa un obstáculo para identificar oportunamente posibles conflictos de interés y operaciones financieras irregulares.

El funcionario afirmó que esta limitación dificulta las labores de fiscalización, en contraste con las facultades de acceso a información con las que cuenta la ASF.

Investigación sobre contratos relacionados con el entorno de Guadalupe Taddei

La publicación también vincula las indagatorias con contratos otorgados a proveedores cercanos a Guadalupe Taddei, quien encabezó la presidencia del INE. De acuerdo con el reporte, el OIC conocía las posibles irregularidades desde hacía más de seis meses, sin que se hubieran presentado las denuncias correspondientes al momento de la publicación.

El artículo cuestiona, además, la actuación de Carvente Contreras frente a los conflictos internos del instituto. Señala que la Contraloría reactivó, a finales de 2025, una queja archivada desde diciembre de 2021 contra las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, así como el consejero Jaime Rivera, relacionada con la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato.

Los consejeros señalados cuestionaron esa actuación, según la información publicada. Sin embargo, las afirmaciones sobre posibles motivaciones políticas del órgano de control corresponden a señalamientos atribuidos a críticos de su gestión y no deben confundirse con hechos acreditados.

Monreal confirma indagatorias y defiende el debido proceso

El coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el OIC mantenía investigaciones sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos y conflictos de interés relacionados con el INE.

Monreal explicó que los procedimientos seguían en curso y justificó la ausencia de denuncias con el argumento de que debían respetarse los plazos legales para presentar pruebas, recibir alegatos y emitir resoluciones.

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, anunció que presentaría un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de Carvente Contreras.

El legislador panista pidió conocer qué medidas ha tomado la Contraloría y por qué las posibles irregularidades no se habían advertido formalmente con anterioridad.

Qué sigue en las investigaciones del INE

Los hallazgos descritos por el titular del OIC colocan bajo escrutinio los mecanismos de control patrimonial, la contratación de proveedores y la declaración de posibles conflictos de interés dentro del instituto electoral.

La información disponible en el reporte señala que las investigaciones continuaban en trámite y que aún estaban pendientes las etapas procesales correspondientes. Por ello, la detección de inconsistencias no equivale a una resolución definitiva ni demuestra por sí sola la comisión de un delito.

La evolución de los expedientes, las eventuales denuncias y las resoluciones de las autoridades competentes serán determinantes para establecer si existieron responsabilidades y quiénes podrían resultar involucrados.

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