— Mario Maldonado 26/10/2026
La permanencia de Guadalupe Taddei al frente del INE era insostenible. Todavía el sábado, según versiones periodísticas, dijo a sus compañeros “no me voy”. Sin embargo, el domingo anunció que presentaría su renuncia este lunes. Arrastraba varios conflictos internos, acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Su resistencia agravó su crisis personal y el desgaste del órgano electoral.
Además de Taddei, la atención está puesta sobre el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf y señalado como su presunta pareja sentimental. En esa relación entre proveedores y funcionarios aparece otro personaje, Jesús Octavio García González. Antes de administrar los recursos del INE, representaba a Cajas Graf, que recibió un contrato por 46.9 millones de pesos en 2021 del instituto electoral de Sonora, entonces presidido por Taddei. Cuatro años después, ella colocó a su antiguo interlocutor comercial al frente de la administración del árbitro nacional.
García González también representó a Corporativo Zeg. Asumió como encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE en septiembre de 2025 y dejó el puesto en abril de 2026, después de los señalamientos de conflicto de interés. El comprador quedó en manos de quien gestionaba negocios para proveedores.
Los vínculos entre contratos y respaldos políticos también quedaron registrados en Sonora. Después de encabezar el organismo electoral de ese estado, Taddei llegó al Instituto de Transparencia local, impulsada por Alfonso Durazo. El 15 de julio de 2022, bajo su presidencia, ese organismo firmó una renta anual de 1.23 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra, vinculada con la esposa y los hijos del gobernador, según documentó Latinus.
Firmó por la inmobiliaria Florentino Valencia Samaniego, cuñado de Durazo. El organismo pagó por oficinas de la familia de quien había promovido a su presidenta.
Durazo también respaldó su ascenso al INE, de acuerdo con esa investigación. Taddei fue elegida por insaculación en la Cámara de Diputados y López Obrador celebró su nombramiento. Después, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la consejera, llegó a la Consejería Jurídica de Sonora y en agosto de 2025 a la Secretaría Particular del gobernador. La cercanía se reflejó en contratos y nombramientos.
Los negocios de las proveedoras favoritas del INE durante la gestión de Taddei se extendieron por los institutos electorales locales. Una revisión de fallos, contratos y memorias identifica al menos cinco adjudicaciones a Cajas Graf y Corporativo Zeg por 177.35 millones de pesos entre agosto de 2023 y marzo de 2025.
Cajas Graf concentra 119.04 millones en dos contratos. Jalisco le asignó 102.16 millones para materiales de 2024 y Coahuila, 16.87 millones para la elección judicial de 2025. Es la empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, quien aparece brindando con un hijo de Taddei en París. En grabaciones atribuidas a Hernández Casillas y Taddei, el empresario le dice “cielo”. De ahí las versiones de una relación sentimental, no confirmada.
Zeg obtuvo 58.31 millones en otras tres adjudicaciones. Campeche le asignó 37.87 millones; Nayarit, ocho millones, y la Ciudad de México, 12.45 millones. En el concurso capitalino de agosto de 2023 también participó Cajas Graf. Fue descalificada, entre otros motivos, porque su constancia fiscal no acreditaba una actividad relacionada con los bienes licitados. Zeg ganó seis partidas. Ambas compañías han sido vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
Las alertas sobre corrupción no empezaron esta semana. En abril de 2025, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado rechazó solicitar la comparecencia de Taddei y un informe de Durazo sobre la renta con Alta Sierra. El Congreso eludió el caso.
Ahora, la ASF abrió una investigación por indicios de irregularidades. Las indagatorias deben continuar más allá del relevo y determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. La renuncia no esclarece los contratos ni sustituye las sanciones o la recuperación de recursos si se acredita daño al erario. Intentar enterrar el caso enviaría otro mensaje de impunidad, de los muchos que se han acumulado durante los casi ocho años que lleva la 4T gobernando.
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