— Agencias 26/10/2026
Investigaciones de la ASF y la UIF examinan contratos electorales, presuntas transferencias irregulares y posibles conflictos de interés relacionados con siete empresas proveedoras.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan presuntas irregularidades relacionadas con contratos electorales otorgados a empresas vinculadas entre sí, algunas de las cuales han obtenido adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales. De acuerdo con la información de las indagatorias, cuatro empresas concentran presuntas irregularidades por 514 millones de pesos, mientras que el conglomerado acumula contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 entidades.
Investigan presuntas irregularidades en contratos del INE
Las investigaciones se originaron, entre otros antecedentes, en una revisión de la ASF que detectó irregularidades en una adjudicación directa del INE a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por 63 millones 241 mil pesos para producir y distribuir materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.
Según la información proporcionada, durante las fiscalizaciones se identificaron posibles transferencias de recursos hacia otras empresas, lo que dio lugar a una indagatoria de la UIF.
Las autoridades investigan si un grupo de siete compañías relacionadas operativamente con los empresarios José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas participaba en las mismas licitaciones para aparentar competencia y favorecer la asignación de contratos.
Estas hipótesis forman parte de las indagatorias y no equivalen, por sí mismas, a una resolución definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales.
Las siete empresas bajo investigación
El conglomerado identificado incluye compañías dedicadas a la fabricación de materiales electorales, impresión de documentos y suministro de insumos para procesos comiciales.
Entre ellas se encuentran Cajas Graf, proveedora de paquetes y cajas electorales; Formas Finas y Materiales, dedicada a la producción de documentación y materiales de seguridad; Corporativo Zeg, relacionada con contratos de impresión de boletas y actas; y Seriplast de México, fabricante de insumos plásticos.
También aparecen Diseño Reconstrucción y Comunicación, señalada por realizar estudios de mercado; Formas Finas Fernando Fernández, y Comercializadora Grupo Selati.
De acuerdo con las investigaciones descritas, las empresas habrían participado en procedimientos de contratación en los que su relación operativa podría haber afectado la competencia entre proveedores.
Contratos electorales en al menos 13 estados
Los registros citados en la información original documentan contratos del grupo empresarial con organismos públicos locales electorales (OPLE) de distintas entidades.
Entre los montos señalados destacan los siguientes:
En Veracruz, Cajas Graf obtuvo en 2018 un contrato por 141 millones 775 mil 200 pesos para suministrar 12 mil paquetes electorales.
En Jalisco, la misma empresa recibió un contrato por 102 millones 160 mil 915.80 pesos. En Hidalgo, dos contratos registrados a su favor ascendieron a 68 millones 980 mil 163.28 pesos y 65 millones 981 mil 373.62 pesos, respectivamente.
En Oaxaca, Corporativo Zeg obtuvo una adjudicación directa por 32 millones de pesos en 2021 y posteriormente otra contratación por 36.09 millones de pesos.
También se reportaron contratos en Chihuahua por 33 millones 881 mil 653.52 pesos; Quintana Roo, por 29 millones 802 mil 439.28 pesos; Sinaloa, por 27 millones 762 mil 525.50 pesos, y Campeche, por 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
En Aguascalientes, Formas Finas y Materiales obtuvo un contrato cercano a los 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024. En el Estado de México, Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales recibieron contratos por 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos, respectivamente.
La información también menciona adjudicaciones en Querétaro y Zacatecas.
Cajas Graf y Formas Finas concentran cientos de millones
Los registros referidos en las indagatorias atribuyen a Cajas Graf 22 contratos con 13 institutos electorales estatales por un total de 586.3 millones de pesos.
Por su parte, Formas Finas y Materiales acumula 15 contratos en 11 entidades, equivalentes a 540.1 millones de pesos, según los datos citados.
Estos montos forman parte del panorama de contrataciones del conglomerado. Sin embargo, para determinar su alcance es necesario distinguir entre el valor total de los contratos obtenidos, las irregularidades presuntamente detectadas y los recursos cuya aplicación pudiera estar bajo revisión.
Indagan posibles conflictos de interés y tráfico de influencias
Las investigaciones también examinan posibles conflictos de interés y presunto tráfico de influencias relacionados con personas que tuvieron vínculos profesionales con las empresas y posteriormente ocuparon cargos en el INE.
Uno de los casos mencionados es el de Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como representante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg antes de asumir la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto, área vinculada con la gestión de las compras institucionales.
Las indagatorias también incluyen la relación personal entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala, actual consejera presidenta del INE. Según la información proporcionada, los vínculos del grupo empresarial con Taddei se remontan a 2014, cuando ella encabezaba el instituto electoral de Sonora.
Asimismo, se investiga a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por presuntas transferencias bancarias recibidas desde cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, registradas como préstamos y viáticos.
La existencia de relaciones personales, laborales o transferencias bancarias no demuestra por sí sola la comisión de un delito. La determinación de posibles responsabilidades depende de los resultados de las investigaciones y de las resoluciones de las autoridades competentes.
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