— Agencias 25/10/2026
La empresa de transporte industrial rechazó los señalamientos y solicitó a la revista revisar la información difundida sobre su presunta vinculación.
Líneas 1 de Mayo, con sede en Nava, Coahuila, emitió un posicionamiento para deslindarse de las presuntas actividades ilícitas atribuidas al empresario Julio R. González y mencionadas en una publicación de la revista Proceso.
La compañía envió una carta a la Dirección de Proceso en la que rechazó cualquier relación con las actividades ilícitas descritas y con los esquemas atribuidos a las personas señaladas en el caso. También afirmó que la publicación no presenta elementos verificables que sustenten dicha vinculación.
El posicionamiento se da en el contexto de las presuntas actividades ilícitas atribuidas a Julio R. González, detenido en Eagle Pass, Texas, según la información proporcionada.
Líneas 1 de Mayo destaca su trayectoria
En el documento, la empresa señaló que cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector del transporte industrial en México y el sur de Texas.
Asimismo, aseguró que sus operaciones se rigen por políticas y procedimientos destinados a prevenir el tráfico de sustancias, el traslado de mercancías ilícitas y el uso indebido de sus unidades. También destacó su compromiso con la seguridad y la tecnología.
La compañía sostuvo que la inclusión de su nombre en ese contexto afecta injustificadamente su reputación y podría tener repercusiones en sus relaciones comerciales, así como en la confianza de sus clientes, colaboradores y sus familias.
Exige a Proceso revisar y retirar los señalamientos
Ante la publicación, Líneas 1 de Mayo solicitó formalmente a la revista Proceso que revise el sustento documental y la verificación de la información antes de incluir a la empresa en el contenido difundido.
Además, pidió retirar los señalamientos que, según su postura, la vinculan sin fundamento con las actividades descritas, así como dar de baja las versiones que reproduzcan esa información sin una aclaración.
La empresa también señaló que la mención de una compañía en una investigación periodística no constituye, por sí misma, evidencia de la comisión de un delito. Por ello, planteó la necesidad de distinguir entre la prestación de servicios comerciales y los señalamientos relacionados con posibles actividades ilícitas.
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