— Gilberto Ortiz 25/10/2026
Entre enero y marzo de 2026, Coahuila registró 990 casos relacionados con riesgos laborales de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Las lesiones que dejan fuera de una línea de producción a un operador, las amputaciones sufridas frente a una prensa industrial y los accidentes mortales durante la jornada de trabajo representan un severo costo económico e individual para Coahuila.
Detrás de cada expediente oficial hay ausencias laborales, prolongados procesos de recuperación física y la imperiosa necesidad de reestructurar personal en una entidad donde la manufactura concentra la mayor parte de los riesgos reportados. Entre enero y marzo de 2026, Coahuila registró 990 casos relacionados con riesgos laborales, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Total
De ese total trimestral, 693 correspondieron a percances ocurridos de manera directa dentro de los centros de trabajo, 279 a accidentes en el trayecto y 18 a enfermedades profesionales. Dicho volumen de incidentes situó a la entidad en la octava posición a nivel nacional por incapacidades temporales, con un promedio de 11 casos diarios.
Para el corte de mayo de 2026, los datos oficiales mostraron un incremento en el acumulado estatal, alcanzando los 1,741 accidentes de trabajo y 38 enfermedades profesionales. Posteriormente, en un balance correspondiente a julio, la plataforma de la STPS contabilizó 341 reportes de riesgos en el estado. De ese conjunto, la industria manufacturera encabezó las cifras con 218 casos (63.9 %), seguida por el comercio minorista con 83 incidentes. Aunque corresponden a cortes temporales independientes, todos estos registros convergen en señalar a la actividad industrial como el área prioritaria para la prevención. La dimensión económica y operativa de esta problemática se refleja con mayor precisión en las estadísticas de secuelas permanentes. La Memoria Estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) documentó 3,355 enfermedades de trabajo en Coahuila dentro de su último balance anual cerrado, frente a un total nacional de 16,880 casos.
La tasa estatal alcanzó los 38.52 casos por cada 10 mil trabajadores asegurados, una cifra que supera en casi cinco veces el promedio nacional de 7.70. Entre las principales afecciones reconocidas destacan la pérdida de la capacidad auditiva, los trastornos de espalda y diversos padecimientos pulmonares. El mismo informe institucional detalló la existencia de 3,800 incapacidades permanentes otorgadas a trabajadores de la entidad por enfermedades laborales. Este dictamen limita de forma definitiva la reincorporación del empleado a su puesto habitual, obligando a reubicaciones operativas o a la pérdida total de la fuerza de trabajo. Para las empresas, esto se traduce en la interrupción de cadenas de montaje, la reorganización constante de turnos, costos adicionales por la capacitación de reemplazos y la pérdida irrecuperable de la experiencia técnica acumulada por el personal.
La diversidad de los incidentes queda de manifiesto al revisar los eventos ocurridos en las distintas regiones productivas. En la Región Carbonífera, las autoridades investigaron el fallecimiento de un minero ocurrido en mayo durante maniobras con maquinaria en Progreso. En la Región Centro, un trabajador de 47 años perdió la vida el 21 de septiembre tras sufrir un aplastamiento en la planta FreightCar America, en Castaños. Asimismo, en Piedras Negras, un operador de 39 años sufrió la amputación de dos dedos en una prensa industrial en Rassini el 18 de septiembre, mientras que días después otro obrero cayó desde un segundo piso en una obra en construcción. Frente a este escenario, la estructura de supervisión gubernamental presenta una división clara de competencias.
La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, precisó que la dependencia realiza cerca de 3,000 inspecciones anuales, pero aclaró que las revisiones estatales no contemplan seguridad e higiene, al ser una facultad reservada de manera exclusiva alámbito federal. Cuando las brigadas locales detectan anomalías graves, su función se limita a canalizar el reporte hacia las instancias federales o a Protección Civil.
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